La justicia europea avala las ayudas anticovid de España a sus empresas

La iniciativa, destinada a la realización de operaciones de recapitalización constituye un régimen de ayudas de Estado, «pero de carácter proporcionado y no discriminatorio», concluye el TJUE. De este modo desautoriza a la aerolínea irlandesa, que interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de esa cobertura pública que, argumentaba, era incompatible con la competencia en igualdad de condiciones en el mercado interior.

Una diferencia de trato que la Corte con sede en Luxemburgo entiende justificada por pretender «efectivamente» poner remedio a la «grave perturbación ocasionada en la economía española por la pandemia de Covid-19». Y añade, además, que «la importancia estratégica y sistémica de los beneficiarios de la ayuda refleja claramente el objetivo de la ayuda en cuestión».

En cuanto al carácter proporcionado de régimen de ayudas, se concluye que al establecer modalidades de acceso a la ayuda de alcance general y de carácter multisectorial, sin distinción del sector económico de que se trate, «España podía basarse legítimamente en criterios de elegibilidad dirigidos a identificar a las empresas que presentan una importancia sistémica o estratégica para su economía y a la vez un nexo duradero y estable con esta última».

Ryanair sí ha conseguido que el TJUE atienda los criterios de la compañía que preside Michael O'Leary en los casos de las aerolíneas bandera TAP (Portugal) y KLM (Países Bajos). En sendas resoluciones judiciales procede a la suspensión de las ayudas públicas que recibieron por no estar lo suficientemente justificadas. Lo que determina es anular la decisión de la Comisión Europea de autorizar estas ayudas por «insuficiencia de motivación» cuando las declaró «compatibles» con el mercado interior. No obstante, en ambos casos la justicia europea suspende los efectos de dicha anulación (entre ellos, que se recuperen esas ayudas) a la espera de una nueva decisión.

En el caso de la compañía portuguesa, el sustento público se estimaba el pasado marzo que podría llegar a superar los 3.000 millones de euros antes de completarse su proceso de reestructuración. La Comisión Europea autorizó por primera vez hace casi un año un rescate de 1.200 millones de euros por parte del Gobierno portugués.

Respecto a KLM, la ayuda estatal ascendería a 3400 millones de euros mediante una fórmula combinada de préstamos y garantías. Lo que plantea el TJUE tanto en este caso como en el de TAP es que el Ejecutivo comunitario no debería haberlas autorizado, lo que la obliga a evaluar de nuevo la situación.

El pasado abril, el TJUE ya contestó a Ryanair sobre otros casos similares dando en esa ocasión la razón a Finlandia por su salvavidas a la aerolínea de bandera Finnair y a Suecia y Dinamarca por su apoyo a SAS. En esos casos las consideró compatibles con el mercado interior reforzando su legalidad, como ha sucedido con el fondo español de 10.000 euros contra el que cargó la irlandesa.