El juez revisa la veracidad del denunciante de Galán en el 'caso Villarejo'

En primer lugar, el magistrado trata de determinar la veracidad del denunciante del caso, el exdirectivo de la energética José Antonio del Olmo, quien informó de las «actividades anómalas» del departamento de Seguridad de Iberdrola y del supuesto conocimiento de los hechos que tendría Galán y su núcleo de confianza. Todos ellos están imputados por delitos de cohecho, revelación de secretos y contra la intimidad.

Para ello, y respaldando la petición de la Fiscalía, comparecerán en el juzgado como testigos Antonio Holguín y Francisco Javier García. Se trata de los fundadores de la extinta Casesa, una empresa de seguridad que trabajó para Iberdrola. Del Olmo la señaló por participar en un sistema de triangulación de facturas para pagar, presuntamente, de forma encubierta los servicios parapoliciales a José Manuel Villarejo. Se hizo por el primer proyecto de espionaje encargado al Grupo Cenyt, mercantil del comisario, en 2004.

Los empresarios ya declararon en sede judicial en marzo de 2020, cuando las diligencias todavía se encontraban bajo secreto de sumario. Entonces, ambos defendieron su inocencia, negaron las acusaciones y justificaron que prestaron servicios de «asesoramiento estratégico» para la seguridad de las instalaciones de Iberdrola en Bolivia, Chile, México o Guatemala, para la Junta de Accionistas de 2003 celebrada en Bilbao y otros servicios de contravigilancias.

Para aclarar el primer servicio y un pago de otro trabajo en Rumanía comparecerá como investigado Enrique Victorero, exjefe de Seguridad exterior de la energética. Victorero trabajaba codo con codo con Antonio Asenjo, el director de este departamento y principal acusado en la causa. Asenjo ha reconocido al juez los trabajos con Cenyt y ha exculpado a Galán. En su declaración del pasado 18 de enero, el presidente de Iberdrola reiteró que este alto cargo tenía «autonomía plena» para contratar.

La segunda línea de trabajo del instructor se centra en escuchar los testimonios de una docena de afectados por el espionaje de Cenyt. Se trata de personas (cargos públicos, activistas medioambientales...) que se vieron involucradas en cuatro de los proyectos ejecutados: Arrow en 2004 (central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera, Cádiz); BB-Blackboard en 2005 (conocer la información de naturaleza sensible referida a actividades de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa); Wind en 2010 (proyecto eólico en Rumanía, por la que está imputada la filial Iberdrola Renovables); y Sugus en 2010 (referido al empresario Gustavo Buesa, que sería nombrado consejero de Iberdrola Renovables precisamente ese año).

La tercera línea de trabajo se refiere a las testificales de altos cargos de la compañía como Dolores Herrera, responsable de Cumplimiento y de dirigir la investigación interna abierta por Iberdrola tras estallar el 'caso Villarejo'. Según el último auto del juez, antes de comparecer la testigo sería necesario que la Fiscalía informase sobre la petición de imputación de la mercantil Iberdrola, tal y como reclamó el abogado del presidente de ACS Florentino Pérez -también señalado por el espionaje- por si se viera afectada la situación procesal de la persona jurídica.

Finalmente, la cuarta vía se adentra en las injerencias en el derecho al secreto de las comunicaciones de los espiados. Un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía remitido en noviembre al juzgado revela que en al menos tres proyectos de Cenyt se utilizaron listados de comunicaciones telefónicas y se realizaron análisis de tráficos de llamadas de los objetivos.

Así se constata en cuatro documentos incautados a los acusados, que mencionan al comisario Enrique García Castaño, ya investigado en otras piezas, como el «proveedor habitual» de esta documentación, obtenida «con abuso de sus funciones públicas» cuando era Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información.