La constructora FCC, imputada por presunto pago de comisiones ilegales en Panamá

El juez considera que la compañía generó «sobrecostes» en los contratos del suministro de acero para ambos proyectos, unos fondos que fueron destinados a «los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias». El objetivo era abonar esas «ganancias ilícitas en pagos encubiertos» como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos, explica el auto.

El magistrado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, dirige el procedimiento contra las mercantiles FCC Construcción S.A, FCC Construcción Centroamérica S.A. y Construcciones Hospitalarias S.A y les avisa de que disponen de 5 días para designar un representante, así como abogado y procurador.

La investigación se inició en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015. «Esta empresa se sirvió de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras, a cambio de adjudicaciones», explica el auto.

Anticorrupción explicó al juez que las tres mercantiles establecieron un consorcio con la multinacional Odebrecht para participar en el concurso de obras en Panamá, del que resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas de metro. Los indicios revelaron que los participantes en las dos contrataciones (altos directivos de FCC y personal de Odebrecht) diseñaron un esquema de corrupción repetido que consistió en «sobredimensionar» el suministro de acero necesario para construir el metro y facturarlo al doble de su precio real.

La Audiencia Nacional explica que las personas que administraban las sociedades pantalla para el desvío de dinero ya han declarado en el juzgado como investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales. Estas sociedades pantalla son Global Quality Steel y Scees Steel, y sus administradores, Javier Ayora, Eduardo Trijueque y Sasa Arsic.

Fue el pasado mes de enero cuando una Comisión Rogatoria de Suiza aportó información sobre la investigación. Advirtió de los perfiles de riesgo de las operaciones que realizaban los grupos empresariales de los investigados que gestionaban cuentas y sociedades con indicios de autocontratación entre ellos y un perfil instrumental, sin trabajadores. Aseguraba que movían un «millonario volumen de facturación», cuyos fondos circulaban por sus cuentas.

Ante ello, FCC presentó en mayo y junio dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción sobre dichos acuerdos comerciales. La constructora aportó 38 facturas y transferencias realizadas al entramado investigado por un importe superior a los 82,7 millones de euros entre 2010 y 2014 por servicios no prestados y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

El juez explica que la denuncia de FCC pone de manifiesto la participación de varios altos directivos (actualmente cesados) de estas mercantiles en los acuerdos de presunta corrupción respecto a trece obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que les pueda corresponder, el juez argumenta que la misma «debe trascender a la compañía» porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos.