La Audiencia Nacional pide juzgar a Villarejo por los encargos de Iberdrola

El magistrado considera acreditados los delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad de documento mercantil. Al señalar a Iberdrola y al Estado como responsables civiles, ya ha dado traslado a la Fiscalía y las acusaciones para presentar sus escritos de acusación.

La compañía considera que las consecuencias de esa responsabilidad civil que le endosa el juez era una circunstancia «previsible y acotada», por lo que se muestra «tranquila» ante esta novedad jurídica. Esa situación se refiere a una persona en concreto de la firma y deja fuera a la dirección, como ya habían confirmado varios procedimientos en los últimos meses, como el que eximió de cualquier responsabilidad penal en el caso al presidente del grupo, Ignacio Galán, en el verano de 2022.

La resolución explica que entre los años 2004 y 2011, Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad de Iberdrola, encargó al que entonces era comisario Villarejo diferentes investigaciones sobre hechos que afectaban directamente a la compañía Iberdrola. El juez insiste en que la finalidad de esas pesquisas, encargadas directamente por Asenjo, y por cuenta del Grupo Iberdrola, era obtener información sobre personas físicas y empresas que pudiera ser utilizada por la compañía energética para la defensa de sus intereses. Además, por estos encargos, expone el auto, la empresa de Villarejo y Redondo obtuvo 1,45 millones de Iberdrola.

A lo largo de su resolución, el magistrado detalla la decena de proyectos encargados a la empresa de Villarejo, entre ellos la investigación al entonces presidente de Endesa, Manuel Pizarro, una de sus principales competidoras en el mercado. En la ejecución de este proyecto Black board los investigados llegaron a hacerse con el tráfico de llamadas de Pizarro y recabaron información sobre personas con las que contactó en el marco de la OPA que Gas Natural realizó en 2005 sobre Endesa. En el epicentro de esas supuestas pesquisas también se encontraba la constructora ACS, presidida entonces por Florentino Pérez, y por la que Iberdrola temía un asalto a su accionariado en una pugna empresarial que duró varios años. Los trabajos de espionaje también estaban relacionados supuestamente con la oposición ciudadana que existía ante la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

El juez explica que para justificar los pagos realizados y recibidos por cuenta del Grupo Iberdrola los investigados acordaron emitir una serie de facturas manipulando los conceptos para reflejar servicios diferentes a los que realmente se prestaron y enmascarar así «que habían sido prestados por un comisario activo del Cuerpo Nacional de Policía».

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, siempre ha señalado con rotundidad que «la cúpula» de Iberdrola «no se dedica a espiar a nadie». Y ha defendido que Iberdrola tiene un sistema de gobierno corporativo y de cumplimiento «muy sólido» y que, tras conocerse las informaciones sobre el presunto espionaje encargado por la energética al policía, a través de su empresa de seguridad Cenyt, se abrió una investigación interna en la que ha anticipado que «no se ha encontrado nada que no se adapte a la ley».

En enero de 2022 acudió como investigado a declarar a la Audiencia Nacional. En aquel momento descargó toda la responsabilidad de los servicios de seguridad y espionaje contratados al comisario Villarejo en quien fuera su jefe de Seguridad, Antonio Asenjo, también investigado en esta pieza separada de la 'operación Tándem'. Galán negó conocer al policía –«ni ordené, ni autoricé, ni conocí nada de este señor», dijo– y se presentó incluso como víctima de un complot sin ofrecer más detalles.

Meses después de aquella declaración judicial, el mismo juez García-Castellón decidió retirar la imputación que pesaba sobre el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en la instrucción de una de las piezas del 'caso Villarejo'. Lo hizo a mediados de 2022, cuando el magistrado consideró que los presuntos delitos por los que se investigaba al primer ejecutivo de la eléctrica habían prescito. La decisión se producía exactamente un año después de haber decidido que el presidente de Iberdrola debía figurar en el sumario en calidad de investigado.

La Abogacía del Estado ya decidió retirarse como acusación de la pieza 17 de 'Tándem', proceso por el que la Audiencia Nacional investiga a Villarejo. El organismo estatal apreciaba «la falta de legitimación activa respecto de los delitos de que provisionalmente y sin perjuicio de la calificación definitiva que pueda formularse, pudieran ser constitutivos», según indicaba en su escrito.