Una juez abre diligencias contra la SEPI por las ayudas a Plus Ultra

La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha incoado diligencias previas contra el que fuera presidente de la SEPI, y actual vicepresidente de este organismo, Bartolomé Lora, y contra los miembros del consejo de administración de la sociedad pública ante una presunta malversación en la tramitación de la ayuda recibida por Plus Ultra.

Como ocurre en estos procesos, por ahora la juez ha reclamado a la SEPI el expediente tramitado para la concesión de esta ayuda. Y le ha pedido también identificar al consejo de administración, en el que figuran altos cargos del Gobierno.

Se da la circunstancia de que recientemente fue designada como presidenta de la SEPI Belén Gualda y, además de Lora, completan este órgano las secretarias de Estado de Defensa, Hacienda, Energía y Economía. Con menor cargo figuran también en este órgano otra decena de altos cargos del Ejecutivo.

La decisión de la juez responde a una denuncia formulada por Manos Limpias y, según señalan fuentes jurídicas, se enmarca en una fase muy inicial. La magistrada ha solicitado documentación con relación a la citada denuncia, sin que haya llamado aún a nadie a declarar en calidad de investigado ni testigo.

En su resolución, la juez señala que los hechos que se incluyen en la denuncia «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Al no estar determinada ni la naturaleza de los hechos ni las personas que en ellas han intervenido, de momento acuerda la incoación de diligencias previas y la práctica de «aquellas esenciales» para realizar estas averiguaciones.

La denuncia se presentó contra Lora por un presunto delito de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y contra el resto de miembros del consejo de la SEPI como cooperadores necesarios. Fuentes cercanas al organismo señalan que las ayudas cumplen todos los requisitos de elegibilidad y sus condiciones están establecidas en la orden ministerial que las regula. Y se muestran dispuestos a colaborar con la Justicia.

Desde el día en el que el Consejo de Ministros autorizó la ayuda, el rescate de Plus Ultra fue puesto en cuestión por la oposición al considerar que la compañía no cumple dos de los requisitos fundamentales para acceder al fondo de la SEPI: que las empresas que los perciban sean estratégicas y que no tengan dificultades financieras a 31 de diciembre de 2019.

Por su parte, la propia compañía Plus Ultra ha emitido un comunicado en el que insiste en que ha sido «totalmente transparente» con todo el proceso. Recuerda que el banco de inversión Daiwa Corporate Advisory, la consultora Deloitte y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) «dieron un veredicto favorable a la concesión de las ayudas». Y que la aerolínea contó con PwC para elaborar el 'corporate review' en el que se recogía la información requerida por la SEPI para acceder a las ayudas. «Estamos absolutamente tranquilos con el exhaustivo y escrupuloso cumplimiento de los requerimientos», indican.