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Las empresas, dentro de la gravedad de la situación económica, puede decirse que se encuentran en una suerte de estado de hibernación. Las diversas medidas adoptadas por el Gobierno, como los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE), los avales públicos ligados a créditos con ... carencias para su amortización de hasta un año, además de la moratoria concursal vigente hasta el 31 de diciembre, que implica que no hay obligación de presentar el concurso de acreedores este año aunque se reúnan las condiciones para ello, suponen un paréntesis que favorece su supervivencia.
De hecho, según cifras de la consultora Solunion, en el primer semestre de este 2020, pese a la gravedad de la que ya es la peor crisis del último siglo, las insolvencias empresariales cayeron un 25% interanual.
Pero esta situación tiene una fecha de caducidad que cada vez está más cerca y los expertos advierten de que las quiebras y los concursos de acreedores pueden comenzar a incrementarse a partir de este otoño.
Es el aviso, por ejemplo, que lanzan desde la Asociación de Trabajadores Autónomos, que recuerdan que algunos créditos con el aval del Estado se han otorgado con carencias de seis meses, periodo que estaría a punto de cumplirse en octubre para algunos prestatarios.
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Además, desde Solunion, su director corporativo de riesgos, información y siniestros, Enrique Cuadra, explica que a partir de junio ya se está observando un incremento de las insolvencias empresariales, «con una especial aceleración en el mes de agosto». De acuerdo con sus previsiones, para final de este año, pese a las medidas adoptadas, crecerán un 10% en comparación con las cifras del ejercicio 2019.
Las estimaciones que aportan fuentes de Crédito y Caución son peores: avanzan un crecimiento de los problemas de solvencia de las empresas españolas del 30% en este 2020, por encima del 26% que prevén que se incrementarán a escala mundial, debido a la composición sectorial de la economía doméstica, en la que dominan las actividades más expuestas a la covid-19 y las más vulnerables ante las medidas de distancia social que se prevé que sigan estando vigentes.
Aunque ello no tiene por qué implicar que vayan a incrementarse los concursos de acreedores en la misma dimensión. Esta semana, en la presentación del Atlas Concursal del Registro de Economistas Forenses (Refor), su secretario técnico, Alberto Velasco, explicó que el número de concursos de acreedores este año puede cerrar en niveles muy parecidos a los del pasado en el entorno de los 4.400. Y esta circunstancia puede ser coherente con un incremento de las insolvencias. Ello se debe a que uno de los elementos de diferenciación de España respecto a otros países es que hay muchas quiebras que se resuelven en la economía sumergida: se baja la persiana y adiós, un fenómeno que ya se está observando en buena parte de las calles de toda España.
La evidencia que informa de que esto es recurrentemente así reside en que el Fogasa el año pasado tuvo que atender 6.400 pagos, cifra un 40% superior al de concursos que se declararon. De esta manera, el presidente del Refor, Alfred Albiol, insiste en que en este ejercicio 2020 «van a subir las insolvencias, pero no los concursos».
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anticipó el pasado mayo que los concursos de acreedores subirán un 31% en 2020 y un 140% en 2021, lo que supondría alcanzar los 50.000 el próximo ejercicio, una cifra que desde el Refor consideran que sería inmanejable por los tribunales, por lo que afirman que éstas podrían ser las cifras que alcanzarían las insolvencias entendidas en sentido amplio, tanto las que pasan por los juzgados como las que se resuelven en privado.
Sin establecer un periodo de tiempo determinado respecto al momento en que las quiebras de empresas pueden convertirse en un problema grave, el Fondo Monetario Internacional lanzaba estaba semana una advertencia y un consejo para España: «Es necesario fortalecer los marcos de resolución de deuda privada para dar respuesta al aumento esperado de casos de insolvencia». Y mencionaba como sugerencia la de intensificar los incentivos para promover la reestructuración de la deuda -lo que normalmente se refiere a ampliación de plazos de devolución o quitas en el principal-, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas -que suelen tener menos margen de maniobra-. Con ello, se cumplirían dos objetivos: la protección del tejido productivo y, también, el de ordenar el impacto que ello pueda tener tanto en la banca como en las cuentas públicas.
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, señala que la virulencia con la que afloren los problemas de supervivencia de las empresas dependerá del modo en que se vayan concretando las ayudas europeas u otras medidas nacionales en apoyo a sectores concretos. Desde muchos ámbitos se está demandando que se amplíen los avales, por ejemplo.
Pero Alberto Velasco incide en que el próximo año se pueden disparar los concursos de acreedores y pone en el punto de mira los más de 9.000 procesos que tuvieron lugar en el ejercicio 2013, tras la crisis financiera de 2008 y la de deuda soberana de 2011 y 2012. A diferencia de entonces, cuando la incidencia de la crisis se notó con cierto retraso en las quiebras empresariales, en esta ocasión, según sus palabras, las consecuencias pueden ser «más rápidas o más instantáneas y la curva de los concursos puede subir ya en el año 2021».
De acuerdo con Albiol, en el primer trimestre de 2021, las insolvencias se comenzarán a notar sobre todo en las empresas del sector servicios, en el turismo y en los autónomos. Aunque retrasa el pico de la ola de crecimiento de las quiebras al segundo trimestre de 2021, cuando se cumplirá el primer año de las líneas públicas de avales ligadas a créditos con carencias de hasta un año.
Para Enrique Cuadra, en 2021 las insolvencias en España podrían crecer un 20% tras haber aumentado un 10% este año.
Aunque la incidencia por sectores será distinta. De acuerdo con Cuadra, en el último trimestre de este 2020, las insolvencias se concentrarán en los sectores más vinculados al consumo doméstico, como la hostelería, los servicios no financieros y la distribución no alimentaria. Progresivamente, se irán sumando el sector de la construcción, los mayoristas de productos electrónicos y también el sector papelero. Además, en su opinión, como la crisis es global, las empresas exportadoras, aunque se mostrarán más resistentes a la actual coyuntura, también experimentarán dificultades en el año 2021. Las actividades más resistentes serán el alimentación, distribución y farmacia.
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