Iberdrola acusa al juez del 'caso Villarejo' de provocarle daño reputacional y económico

La compañía considera que la marcha de la instrucción, en la que está siendo investigada una filial del grupo y su presidente, Ignacio Sánchez Galán, por contratar los servicios parapoliciales del comisario jubilado, ha influido en la decisión de la Comisión del Estado de Nuevo México, provocando un «daño reputacional y económico». Cuatro de los cinco vocales han mencionado «expresamente» la causa abierta en España para justificar su postura. Una decisión que ha provocado una «irremediable» caída en Bolsa este viernes, señala el escrito.

Esta situación se debe, según los abogados de Iberdrola, a que el juez no protege los «legítimos intereses y derechos» de la firma, demorando junto a la Fiscalía Anticorrupción la práctica de diligencias, señalando a más de un mes vista la declaración como investigado de Sánchez Galán (18 de enero) o rechazando las peticiones de la defensa sobre su exdirectivo José Antonio del Olmo, querellado por falsedad y la persona que vinculó directamente a Sánchez Galán con los contratos de espionaje pagados a Villarejo.

Todo ello, añaden, pese al mandato de la Sala de lo Penal, que el pasado 12 de noviembre revocó en un auto el archivo de la querella contra Del Olmo y reconoció la condición de acusación particular que había sido denegada a Iberdrola. Y es que la estrategia de defensa de la compañía pasa precisamente por desmontar a su exdirectivo, quien presentó presuntos documentos internos en el juzgado para avalar sus acusaciones, recopilados antes de su despido.

Y es que sin el documento de diciembre de 2004, que la defensa considera falso, «no existe fuente de prueba alguna» que apunte a los directivos implicados de la energética, afirma el escrito. Por lo tanto, concluye, lejos de apuntar en esta línea de investigación y tomar declaración a Del Olmo, el juez y los fiscales «han optado por relegar» cualquier decisión al respecto.

A su juicio, en este caso se están traspasando todas las «líneas inimaginables», hasta el grado de dar lugar a un funcionamiento de la Administración de Justicia «abiertamente anormal» con graves daños reputacionales y económicos para Iberdrola.