Fin a la guerra familiar en El Corte Inglés

De esta forma, culmina la lucha entre las dos sagas que habían mantenido las espadas en alto desde que Gimeno fuera apartado de la presidencia y se sucedieran las demandas judiciales contra sus prima, Marta y Cristina Álvarez Guil, las hijas del histórico presidente del grupo, Isidoro Álvarez, quien había designado a su sobrino Dimas Gimeno como su sucesor tras su fallecimiento en 2014.

Tras años de litigios con sus primas hermanas, las hijas de Isidoro Álvarez, el propio Dimas Gimeno ha decidido abandonar los pleitos familiares que mantenía con la retirada el pasado 4 de enero de todas las demandas y querellas, sin recurrir aquellas que podía hacerlo. El ejecutivo había perdido todos los pleitos judiciales que había ido interponiendo contra sus primas desde que fue destituido como presidente hace tres años.

Fuentes empresariales apuntan que la compañía presidida actualmente por Marta Álvarez ha adquirido a Gimeno los títulos que poseía a título personal como directivo dentro del plan de recompra de acciones a empleados, ejecutado en diciembre de 2020.

De este modo, Dimas Gimano ya no tiene ninguna relación de forma directa con El Corte Inglés, aunque mantiene su vinculación a través de la sociedad patrimonial IASA, segundo mayor accionista del gigante de la distribución con un 22,18% del capital. El primer accionista de la empresa es la Fundación Ramón Areces, con más de un 37%.

En IASA, Marta y Cristina Álvarez participan con casi el 70%, con lo que controlan de forma indirecta el 15% de El Corte Inglés. El 30% restante del capital de esa sociedad de inversión sigue en manos de Gimeno, su madre María Antonia Álvarez y su tío César Álvarez. De esta forma, su participación en el grupo de distribución es del 3% para Gimeno, el 2% para su madre (un 5% entre ambos)y otro 2% para su tío.

El siguiente paso que podrían dar Gimeno y su madre sería desprenderse de este paquete accionarial del 5% en el grupo, que tienen a través de IASA. Ambos ya han manifestado su intención de ejecutar la venta de dichas acciones, teniendo en cuenta que deben empezar a abonar en junio de este año unos 100 millones de euros a Hacienda en concepto de Impuesto de Sucesiones.