Central eólica. R. C.

Las grandes energéticas advierten del «impacto» del 'impuestazo' a pocas horas de la votación del Congreso

Las compañías Iberdrola, Endesa, Repsol, Naturgy, Moeve, EDP, BP y Total avisan de las consecuencias sobre la competitividad, el empleo y la lucha contra el cambio climático si se prorroga el gravamen extraordinario

Miércoles, 20 de noviembre 2024, 17:33

Las principales compañías energéticas españolas han emitido un comunicado alertando sobre el «impacto directo negativo» que tendría la prórroga del gravamen extraordinario que vienen abonando desde 2022 si el Congreso de los Diputados aprueba este jueves la permanencia del tributo a partir de 2025. Las corporaciones que integran el Club de la Energía (Iberdrola, Endesa, Repsol, Naturgy, Moeve, EDP, BP y Total Energies) han avisado de que cualquier nueva carga impositiva perjudicará a España como destino de las inversiones, así como «la competitividad, los puestos de trabajo, y la lucha contra el cambio climático».

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La comisión ejecutiva de Enerclub se ha pronunciado sobre el gravamen apenas 24 horas antes de que el Pelno de la Cámara baja vote acerca del tributo energético, que parecía estar abocado a su supresión definitiva, pero que el pasado martes fue recuperado en la Comisión de Hacienda después del pacto alcanzado entre PSOE con ERC, Bildu y BNG para prorrogar el impuesto a las eléctricas y aplicar cambios en el de la banca. Además, los votos de Junts -necesarios para sacar adelante esta medida- están suspense después de que este partido haya condicionado su apoyo a que no afecte a las inversiones de las energéticas en Cataluña, y siempre que se incluya una bonificación por descarbonización.

Ante este panorama, las principales energéticas recuerdan que España posee «una ventaja comparativa frente a otros países de nuestro entorno por su posición geográfica, abundancia de recursos naturales, talento por sus infraestructuras energéticas». E insisten en que «la transición energética es la gran oportunidad de España para liderar un nuevo modelo de crecimiento más sostenible, y de reindustrializar y crear empleo aprovechando todo el potencial de las energías renovables».

Enerclub apunta que cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) supondría un incremento del 3,2% del PIB en 2030, y un aumento de 560.000 empleos para el mismo año. Y recuerda que para alcanzar los objetivos de ese programa, se requiere de un «proceso inversor perdurable» en el tiempo que permita contar con las tecnologías, equipamientos y capital humano necesarios en toda la geografía española y en todos sus sectores económicos.

Por ello, afirman, «resulta fundamental evitar la incertidumbre, promoviendo un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal para materializar los 308.000 millones de euros de inversiones estimadas, de las cuales, un 82% deben provenir del sector privado».

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Las energéticas afirman que este tipo de impuestos supondría un desventaja en un contexto de competencia internacional «de atracción de inversiones, por lo que, como han destacado los informes Letta y Draghi, es fundamental fomentar la competitividad, y establecer un clima de confianza y atractivo internacional para dirigir estos flujos de capital hacia nuestro país».

En este sentido, prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultarán la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos.

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El comunicado conjunto de Enerclub es el úlltimo intento del sector por acabar con el gravamen que se puso en marcha a mediados de 2022 en medio de la crisis de precios energéticos, que llevó la luz y el petróleo a máximos históricos. Entonces, el Gobierno decidió aplicar esta medida de carácter temporal, aunque hace ahora un año tanto PSOE como Sumar incluyeron la permanencia del tributo a partir de 2025, aunque modificado por el nuevo contexto económico.

La banca europea, tambien en contra

Por su parte, la Federación Bancaria Europea (EBF) también se ha pronunciado este miércoles ante la posibilidad de que el jueves el poder legislativo apruebe la prórroga del gravamen bancario en el caso de España. Indica que «las medidas propuestas que se están debatiendo actualmente en algunos países europeos corren el riesgo de desalentar la inversión y la innovación, contradiciendo las claras orientaciones de los líderes de opinión y las prioridades delineadas por la Comisión Europea y el Comisario designado para los Servicios Financieros y la Unión de Ahorro e Inversión».

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Apunta que estos organismos «inequívocamente, piden la creación de un entorno propicio para la inversión de los bancos europeos con el fin de fortalecer la visión de los líderes sobre el futuro de Europa. La defensa de la prolongación de los impuestos sectoriales adicionales no está a la altura de esa necesidad, pues va en la dirección opuesta, y se topa con los frenos del esfuerzo europeo por lograr la competitividad, la resiliencia y el crecimiento», argumenta la Federación.

El discurso de los impuestos extraordinarios «no es nuevo y ya ha hecho mella en el sector bancario, donde se aplican, afectando consecuentemente su capacidad para financiar la economía». Estos impuestos «hacen que la inversión en los bancos europeos, y por ende en la economía europea, sea menos atractiva para los inversores globales, que preferirán invertir en otras regiones». Si bien organismos internacionales como el FMI y el BCE insisten en impulsar la solvencia y las capacidades de los bancos, estos impuestos adicionales son un lastre para la concesión de crédito.

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