El Gobierno sigue señalando a Ferrovial: «Sus argumentos no se sostienen»

Así lo advirtió este lunes la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, quien, en una entrevista a RNE, declaró que «la información disponible hasta el momento y los análisis técnicos arrojan serias dudas sobre la sustancia de los argumentos». Así, señaló que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está analizando los motivos que ha expuesto la empresa para marcharse a Países Bajos, entre ellos el de ubicarse allí para poder saltar a cotizar en Estados Unidos.

«Los análisis técnicos de la CNMV no parecen dar sustancia a estos argumentos y por eso prima la impresión de una falta clara de compromiso con su país», denunció Calviño, que reiteró una vez más que la decisión de Ferrovial es «errónea».

En este sentido, aunque la ministra de Asuntos Económicos no quiso asegurar que el objetivo final de Ferrovial es pagar menos impuestos, sí se preguntó por qué si su finalidad última es irse a un país con una calificación crediticia de AAA, por qué han escogido Holanda y no Alemania. «Por ejemplo, se ha hablado de la 'AAA' de Holanda, pero podrían haberse ido a Alemania si estuvieran buscando la triple A. Esto es muy relevante para sectores como el financiero, pero mucho menos para un sector como el de las infraestructuras. A eso me refiero con que el análisis técnico arroja serias dudas sobre los argumentos», precisó Calviño.

Por otra parte, la vicepresidenta se mostró sorprendida por la información de que Del Pino está intentando hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que éste no le coge el teléfono. «No me consta», afirmó. Y a continuación sacó pecho de la buena relación que mantienen Sánchez con los empresarios: «El presidente del Gobierno normalmente habla y tiene unas relaciones muy fluidas con los grandes empresarios de este país».

Mientras tanto, el grupo parlamentario de EH Bildu registró este lunes una proposición no de ley en el Congreso para impedir la deslocalización de empresas y obligar a estas a que devuelvan los fondos públicos obtenidos y mantengan el empleo en su país de origen, después de que Ferrovial haya anunciado el traslado de su sede social a los Países Bajos.

En concreto, los independentistas vascos instan al Gobierno a impedir la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública. De este modo, la obtención de fondos, subvenciones o ayudas públicas debería estar condicionada a la imposibilidad de deslocalizar mediante el traslado de su actividad o parte de ella, así como por el traslado de su sede social o fiscal durante, al menos, los cinco años posteriores a la última financiación pública obtenida.

Se suma así a la iniciativa de Unidas Podemos, que también registró una proposición de ley en la Cámara Baja para obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, pagando asimismo los intereses de demora.