El Gobierno, favorable a una subida de salarios por empresas

Pero al mismo tiempo, Román Escolano ha recordado que no hay que olvidar lo que considera «el foco principal» en materia de empleo: crear un millón de puestos de trabajo en los dos próximos años, para alcanzar los 20 millones de afiliados en el año 2020. «Debemos ser conscientes de que ese es el reto» primordial que tiene la economía española por delante. En cualquier caso, los avances en materia salarial «dependen de los acuerdos» que se tomen entre sindicatos y empresarios.

El ministro de Economía, que ha inaugurado el XXV Encuentro del Sector Financiero Deloitte-ABC, ha insistido en que España va a cumplir con los objetivos macroeconómicos y de estabilidad fijados para este ejercicio en materia de déficit y deuda pública a pesar de los riesgos que acechan al país. Entre otros, algunos externos como la situación que se está viviendo en Italia, con un nuevo gobierno dispuesto a romper las exigencias de Bruselas con más gasto y menos austeridad. Escolano ha recordado a los nuevos dirigentes de ese país que «tenemos unas normas que hay que respetar y contamos con que Italia se mueva en ellas y realice propuestas constructivas».

Escolano ha anticipado que, después de que España haya crecido un 0,7% en el primer trimestre, los indicadores avanzados realivos al segundo trimestre «auguran un ritmo similar». El Gobierno tiene «absoluta confianza en la credibilidad de su cuadro macro», apoyado en «la transformación estructural que ha tenido España» en los últimos años. El ministro de Economía ha instado a las Cortes a aprobar «en la mayor brevedad posible» la tramitación de la nueva Ley Hipotecaria, que incluye medidas para impulsar las hipotecas a tipo fijo frente a las variables y dota de mayor transparencia al proceso de contratación; ha anticipado que el Gobierno someterá a un proceso de audiencia pública el texto que regulará el entorno «controlado» de pruebas de las entidades en el entorno digital. Lo hará en cuatro semanas. Y será en julio cuando el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley que trasponga la directiva financiera Mifid II, con numerosas medidas de protección del inversor, sobre todo en lo relativo a las comisiones y a las dinámicas comerciales que practican los bancos a la hora de vender productos como los fondos de inversión.