Glovo despedirá a 250 empleados, el 6,5% de su plantilla

El pasado 24 de enero, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social multó de nuevo a la compañía con 38,1 millones de euros por mantener a falsos autónomos e incumplir, por tanto, la conocida como ley rider, pero además por contar con trabajadores sin papeles, acumulando ya más 205,3 millones de euros de multas en España por emplear de forma irregular a 37.348 trabajadores.

Desde la compañía aseguran que esta situación «no ha tenido nada que ver» en la decisión de los despidos que, tal y como explica el consejero delegado de la compañía en la misiva a los empleados, se centrarán en la sede de Barcelona en los departamentos de soporte comercial, datos y contratación. «No se verán afectados los repartidores o empleados de primera línea. El proceso se adherirá estrictamente a las leyes y prácticas locales en todos los países afectados», reza el comunicado.

El directivo defiende que la empresa ha crecido a un ritmo muy rápido, «de dos o tres dígitos anual» desde su fundación en 2015, con lo que en los últimos años ha sido necesario ampliar el equipo para adaparse. «Aunque siempre hemos sido sobrios en nuestros gastos y en la forma en la que administramos nuestros costes operativos, el rápido crecimeinto ha generado ineficiencias operativas».

La compañía asegura que a lo largo de todo 2022 fue vigilando esas ineficiencias, detectando un punto de inflexión en octubre al calor de la caída de la demanda por el difícil entorno macroeconómico, «con tipos de interés e inflación al alza» que han reducido el poder adquisitivo de los consumidores.

«Aunque todavía esperamos un fuerte crecimiento de dos dígitos para 2023, hemos tenido que ajustar nuestro pronóstico para reflejar esta nueva realidad», indica Pierre.