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En 2016 la Comisión Europea vetó la venta de la filial británica de Telefónica, O2, al grupo asiático Hutchison pero tras apelaciones de las operadoras el Tribunal General de la UE anuló esta decisión al considerar que no estaba demostrada la supuesta subida de precios ... que conllevaría. Pero ahora las fusiones entre las telecos quedan en el aire porque la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha propuesto que se anule la sentencia que rechazaba el veto de Bruselas.
De ser así, las grandes operadoras tendrían problemas para llevar a cabo más fusiones, lo que ha llevado a las grandes operadoras (Telefónica, Vodafone y Orange) a perder valor en Bolsa a media sesión pese a haber comenzado la jornada con ganancias. La posición de la Comisión Europea es contraria a estas uniones argumentando que es negativo para los consumidores porque el mercado de la telefonía queda reducido, lo que incide en los precios, la competencia y la innovación. Las operadoras, por su parte, aseguran que el mercado europeo está demasiado fragmentado y no tienen suficiente margen para ganar rentabilidad.
El caso se considera de especial relevancia para el mercado español, ya que este veto podría obstaculizar las condiciones de la fusión entre Orange España y MásMóvil. Pero en caso contrario, podría desencadenar una oleada de fusiones a nivel europeo. La intención de fusión entre ambos se anunció en julio con el objetivo de crear la mayor compañía de telecomunicaciones española en número de clientes de telefonía móvil, con 31 millones de líneas, por delante de Telefónica, que conservaría el liderazgo en volumen de ingresos.
La propuesta de la abogada general del TJUE, Juliane Kokott, no es vinculante para el tribunal, pero este suele acatarla la mayoría de las ocasiones. Además, implica un refuerzo a las políticas de competencia estrictas que lleva aplicando la Comisión Europea en las últimas décadas y que el sector de las telecomunicaciones esperaba que revisara para permitir ganar escala a los operadores.
En su exposición, destacó que, en este tipo de investigaciones, la única competencia que tiene el Tribunal de Justicia es determinar si se han cumplido las leyes de competencia, por una parte, y si el análisis de pruebas de la Comisión Europea contiene «algún tipo de error o afirmación manifiesta». Asimismo, señaló que es imposible aportar «pruebas objetivas» en la prohibición de una concentración por futuros problemas en la competencia, ya que se trata de una previsión, con lo que está sujeta a un grado de probabilidad invariablemente.
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