El juez del 'caso Villarejo' impone una fianza de 300.00 euros al exjefe de seguridad del BBVA

La petición fue realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera a Corrochano pieza clave en esta supuesta trama por ser la persona que directamente contrató los servicios del polémico comisario jubilado José Manuel Villarejo, presuntamente para realizar escuchas y seguimientos a diferentes personas –los investigadores creen que se pudieron monitorizar más de 15.000 llamadas obtenidas de bases de datos policiales– con el fin de captar información reservada, según las conclusiones preliminares de la Brigada de Policía Judicial. Precisamente Corrochano llegó a ser comisario general de ese departamento antes de pasar luego a la empresa privada.

Este viernes, sin embargo, optó por acogerse a su derecho a no declarar, la misma estrategia seguida por la mayoría de personas vinculadas a BBVA que comparecieron entre el jueves y el viernes ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, investigadas por su supuesta relación con varios presuntos delitos. Entre ellos figuran los de cohecho pasivo (en este caso podrían ser pagos a funcionarios policiales), corrupción entre particulares, revelación de secretos y/o vulneración de la intimidad, dejando por ahora en un segundo plano la posibilidad de que se hubiera incurrido también en delitos societarios por uso indebido de fondos procedentes del banco. Esa falta de explicaciones la justificaron todos en que la causa sigue bajo secreto y, por tanto, no tienen acceso a las informaciones en que se basan las acusaciones que se les podrían hacer.

Pero en el caso de Corrochano los fiscales temen que pueda entorpecer la investigación e incluso destruir posibles pruebas. Por eso solicitaron varias medidas cautelares que el juez instructor terminó aceptando. De esta forma, además de abonar el dinero de la fianza –si recurre a avales se duplicaría la cantidad–, se le retirará el pasaporte y se le prohíbe viajar al extranjero, además de que tendrá que personarse una vez al mes en el juzgado que esté más cercano a su domicilio.

Su sucesora al frente de los servicios de Seguridad del banco, Inés Ochagavía, y otro de los responsables de ese departamento, Nazario Campo, también rehusaron ayer contestar a las preguntas del juez y el Ministerio Público. Ambos, al igual que Corrochano y los otros investigados –el exdirector de Finanzas de BBVA, Javier Malagón, y el actual director de Banca Comercial, Ignacio Pérez, también optaron por el silencio–, siguen la estrategia de defensa fijada por el bufete Garrigues, contratado para los servicios legales de la entidad dentro de la póliza que cubre a sus empleados, actuales o pasados, por actuaciones relativas a su trabajo, según fuentes jurídicas.

La única persona del banco citada que, por ahora, ha declarado es Antonio Béjar, exjefe del área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias. Lo hizo el jueves para contar qué servicios hizo Cenyt, empresa de Villarejo, para su departamento:_en concreto, localizar bienes e incluso personas o empresas morosas.

Dijo desconocer, sin embargo, los trabajos para los que le contrató el grupo BBVA en 2004, en un principio por cinco millones de euros aunque ese importe se podría haber duplicado con diferentes servicios prestados hasta 2017. Tampoco Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo en Cenyt, aportó luz al respecto al declarar ayer, pues esos temas los llevaba el comisario jubilado.