El fiscal mantiene que Iberdrola «maquinó» para inflar el precio de la luz en 2013

Según informa EP, el fiscal se ha visto obligado a ajustar la multa que solicitaba para Iberdrola, de 84,9 millones de euros, por el delito de manipulación de los mercados, hasta los 5,4 millones por un cambio en la reforma del Código Penal de 2015 que no se había contemplado.

Para los altos directivos juzgados se sigue solicitando dos años de prisión, mientras que también se ha pedido incrementar las indemnizaciones a consumidores y comercializadoras que se vieron perjudicadas por el repunte de precios en aquellos días. «Se retiró de la oferta una cantidad considerable de megawatios que la compañía dejó de producir y sostenemos que no hay una causa legítima», insiste el fiscal en su escrito.

A mediados de octubre, en la primera sesión del juicio oral, los directivos acusados negaron que la compañía les trasladara ninguna «consigna ni estrategia», sosteniendo que el precio al que se ofertaba la energía al mercado se fijaba de forma automática a pesar de las imputaciones que pesan contra ellos.

Los hechos que llegaron a juicio se remiten a finales de 2013, cuando Iberdrola Generación habría inflado artificialmente el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo. Era una etapa de gran sequía y la gestión de los embalses estuvo en el punto de mira de los reguladores.

Tras aquellos acontecimientos, se abrió una investigación que derivó en la instrucción del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, quien envió en julio de 2022 al banquillo a la compañía y a sus ejecutivos por un delito relativo al mercado y consumidores. Desde entonces, Iberdrola circunscribe el juicio a una cuestión técnica y no penal. «No existe prueba o indicio que apunte a irregularidad alguna en el precio de la energía», aseguraban entonces fuentes de la empresa, insistiendo en que no solo ganaron sino que el grupo se vio perjudicado en ese contexto de sequía y la restricción impuesta al uso de agua como fuente de generación eléctrica en aquel momento a través de sus pantanos con centrales hidroeléctricas.

Sin entrar en más detalles, el fiscal recordó este martes que una causa de esa posible alteración de precios estaría en un posible «enfrentamiento con el Gobierno» ante la retirada de los Presupuestos de una partida para compensar el déficit de tarifa. La acusación también recordó que aunque la gestión de los embalses es de las eléctricas, la norma establece que en el uso del agua debe primar el interés público y no solo los de mercado.

El juicio continuará este miércoles con la exposición de informes de otra de las acusaciones, a la que seguirán los de las defensas de los cuatro acusados y de Iberdrola.