Cuando el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, recordaba en un 'tweet' el artículo 128de la Constitución («Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general» ) encendió todas las alarmas en el Ibex-35. Se refería a la posibilidad de que el Estado tomase posiciones en empresas privadas. Aunque lo hizo para referirse a una intervención mucho más severa y con muchos menos matices de lo que ahora, casi dos meses después de aquel mensaje, efectivamente hará.
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El coronavirus ha trastocado también los grandes principios económicos del mercado. Y las potencias, incluida España, ahora deshacen parte del camino recorrido entre los años 80 y 90 con las privatizaciones. Aunque sea de forma puntual. El Fondo de rescate activado por el Gobierno con 10.000 millones de euros no servirá tanto para intervenir la economía de mercado, sino para salvar a compañías estratégicas en apuros.
'Estratégicas' porque España se ha percatado de lo que otras economías llevan meses haciendo con algunos de sus iconos empresariales. La participación pública en el accionariado de empresas privadas se ha acelerado con esta crisis. «Ante un descalabro, la Unión Europea ha pedido que los países fortalezcan sus mecanismos de inversiones para no perder sus activos estratégicos», recuerda Ángel Saz, profesor del departamento de dirección general y estrategia de Esade. El último paso lo ha dado esta semana la Comisión al autorizar a Alemania el fondo para que ayude a sus empresas.
La línea habilitada por España, con 10.000 millones, supone «un paso más en el reequilibrio entre Estado-mercado», apunta el profesor Saz. Esos contrapesos son los que siguen confluyendo en el seno del Ejecutivo. De un lado, los ministros de Unidas Podemos, con llamadas recurrentemente esporádicas a la nacionalización de determinados sectores. De otro lado, los del PSOE, más pragmáticos y cuyo peso se ha dejado notar en la gestación del fondo de rescate público.
Herramienta para influir
Esta iniciativa «no debe interpretarse como una nacionalización», explica Joaquín Maudos, director adjunto del IVIE. «El objetivo no es una toma de control con ánimo de permanencia, sino mantener la solvencia aportando capital y salir una vez se refloten las empresas», aclara.
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Esta carrera de participación pública no es nueva. Episodios como la presidencia de EEUU de manos de Donald Trump, con medidas proteccionistas;la estrategia de China para participar en el mercado con su capitalismo estatal; o la salida de Reino Unido de la UE son circunstancias bajo las que los Estados han puesto su granito de dinero en el sector privado. «Ahora la crisis ha venido a cristalizar algo que ya estaba pasando antes», según Saz.
En la retina se encuentran las intervenciones de Francia o Alemania en su industria automovilística. E incluso el rescate dirigido por Barack Obama en Estados Unidos a las factorías de coches de Detroit, antaño uno de los símbolos del motor norteamericano.
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Lo que a partir de ahora realice España será una selección de las empresas con problemas y a las que hay que salvar casi por imperativo legal. Si en la anterior crisis ese rescate fue dirigido a parte de la banca (aún ostenta un 60% de Bankia), ahora todas las miradas se centran en las aerolíneas. Iberia, a través del conglomerado IAG (donde también participa British Airways y, por tanto, Reino Unido) puede convertirse en una de las primeras corporaciones en ser auxiliada con fondos públicos.
Aéreas, defensa y coches
Las compañías aéreas son estratégicas en cuanto a que «conectan un país con el resto del mundo», explica Ángel Saz. «Y ése es un valor muy preciado», apunta. Recuerda este experto que muchas de las conexiones aéreas no las marca el mercado, sino los acuerdos bilaterales entre España y otros países. De ahí la necesidad de sustentar ese sector. En el caso de Iberia, además, porque está en ciernes la culminación de la compra de Air Europa. Se trataría de cerrar un círculo –integración empresarial y salvación financiera– que el coronavirus habría interrumpido. El caso de Iberia sería similar al de Lufthansa en Alemania (va a ser rescatada por 9.000 millones) o el de Air France-KLM en Francia, donde el Estado tiene una participación histórica que supera el 18% del capital.
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El desembarco del dinero público tiene la vista puesta en otros sectores como el de defensa; la propia industria aeronáutica, con Airbus con una mayor participación;compañías tecnológicas,e incluso las de la automoción. Esta última actividad ya cuenta con un plan propio de apoyo por más de 3.000 millones de euros. Tampoco hay que olvidar otros rescates más pequeños pero que pueden ser claves para el pilar económico por antonomasia en España:el turismo, con todas las actividades vinculadas que ello implica.
El listado de compañías semi-públicas aumentará en los próximos meses junto a aquellas en las que ya participa el presupuesto público:energéticas como Red Eléctrica o Enagás;tecnológicas como Indra e Hispasat;y las aeronáuticas como IAG y Airbus. Todas compartirán una parte del accionariado:el contribuyente público.
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Nuevas puertas giratorias en los consejos de las firmas rescatadas
Si hay un rescate público, hay dinero del contribuyente de por medio y, por tanto, la posibilidad de que la Administración tenga a sus propios representantes en el seno de los consejos de administración de las compañías intervenidas. Así ha ocurrido hasta ahora y así será cuando el Fondo de rescate comience a desembolsar cuantías en forma de acciones, que generan 'derechos políticos'.
En este contexto el Estado decidirá, de forma proporcional a su participación, quiénes se sientan en esos sillones a los que la legislación le da derecho. Y esa posibilidad puede tentar a situar a determinados perfiles que no tienen por qué ser los más adecuados técnicamente, pero sí políticamente hablando. Son las conocidas puertas giratorias, vías de acceso de determinados cargos de partidos a empresas participadas por el Estado o que, sin estarlo, acceden a sus consejos tras haber pasado por la política.
Aunque existen limitaciones normativas –hay un plazo mínimo de dos años desde que se abandona un cargo hasta que se asume un sillón en un consejo si es de una empresa con la que ha estado tratando en la vida política–, cualquier nombramiento que lleve de la política a la compañía genera controversia.
Así ocurrió el mes pasado cuando la junta de accionistas de Enagás –participada en un 5% por el Estado– aprobó el nombramiento de tres nuevos consejeros, todos relacionados con el PSOE o con Unidas Podemos. Se trataba del exministro José Montilla, el también exministro José Blancoy el experto energético ligado a Podemos Cristóbal Gallego.
La propia empresa energética defendió la designación por el «valor añadido» que aportan. En el fondo subyace la necesidad de que las decisiones que tomen como consejeros representantes del Estado velen por mantener la competencia en una economía de mercado aunque haya participación pública.
Para Joaquín Maudos, director general del Ivie, «utilizar fondos públicos para rescatar empresas estratégicas no es algo nuevo, y es necesario siempre y cuando no se distorsione la competencia». Este experto considera que «el problema en esta ocasión es que la cuantía de las ayudas que pueda implementar cada país depende del estado de sus finanzas públicas, y España sale mal parada como consecuencia de su elevado endeudamiento y déficit público». Los países denominados ahora 'frugales' (Austria, Dinamarca, Suecia y Países Bajos) pueden ser más agresivos en sus políticas fiscales, «lo que puede distorsionar la competencia», indica Maudos.
La intervención pública, que puede salvar empresas, representa un hándicap para el resto de compañías que siguen en manos del sector privado. Porque las decisiones que tomen las rescatadas cuentan con el respaldo del Estado a través de sus consejeros designados. «Hay que protegerse, crear reglas justas y, en algunos casos, intervención estatal, pero no podemos renunciar a la competencia», explica Ángel Saz, de Esade. «Porque el núcleo de Europa es el mercado único», apunta este experto, quien rechaza que sea la UE la que tome el modelo chino de intervención estatal, y no al revés.
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