España, a la cola de la UE en competencia para adjudicar contratos públicos

Comparado con el resto de países de la UE, según el órgano que preside José María Marín Quemada, estaría a la cola por su «poca competencia en los aprovisionamientos públicos». Por ejemplo, en un tercio de las licitaciones (prácticamente el 34%) de la Administración solo entra en liza «un único participante», mientras que en dos de cada tres (el 65%) se encuentran, como mucho, tres.

Otro dato «altamente preocupante», según el informe hecho público este viernes por la CNMC, es que en los contratos de importe reducido «se recurre con mucha frecuencia» a los pactos «negociados sin publicidad». Por el contrario, en los acuerdos de mayor volumen económico predominan los procesos de adjudicación abiertos.

Sin embargo, los técnicos de la Comisión han constatado un «importante efecto umbral» que puede resultar pernicioso para los intereses públicos. Muchos de los contratos negociados sin publicidad se quedaban «al borde de los umbrales previstos en la ley anterior» -desde hace casi un año existe una nueva normativa más severa-: 60.000 euros para servicios y suministros, 200.000 en obras. Precisamente este último tipo de acuerdos son los que permitirán obtener más ahorro -cerca del 13%, al menos el doble que el resto- con mayor transparencia, al ser también donde se manejan presupuestos más elevados.

Tras analizar casi 36.000 licitaciones estatales -han descartado las autonómicas, provinciales y locales por su «complejidad» a la hora de homologar datos-, estiman que el procedimiento abierto obtiene, de media, una baja del 17,2% respecto al precio inicial con un promedio de siete participantes, mientras que el no publicitado apenas llega a la mitad (8%) con 2,3 participantes. La Administración, según su estudio, paga de media cerca de un 10% menos en los concursos a los que pueda acudir cualquier empresa o persona, que en aquellos que sufren algún tipo de restricción de entrada.

Si todos los contratos se adjudicaran por el primer sistema, concluyen desde la CNMC, las arcas públicas se habrían ahorrado «unos 1.700 millones de euros» entre 2012 y 2016, esto es, una media anual de 350 millones. Por eso hace cuatro grandes recomendaciones a las Administraciones -no solo la estatal, también las territoriales-, que pasan por mejorar la «integración de sus bases de datos», lograr «un mayor nivel de supervisión en el rigor de la información» publicada, «asumir como propio el objetivo de una contratación pública más eficiente y competitiva» y, por último, elegir los procedimientos «más adecuados a las circunstancias concretas» de cada caso.