Las ETT que entren en la estiba deberán tener licencia para operar en los puertos

Desde el Ministerio de Fomento justificaron el retraso en contar con esa «experiencia acumulasa» antes de «fortalece el marco jurídico» y, a la vez, «asegurar el mayor consenso posible» con los actores implicados, incluida la Comisión Europea. El primer decreto que liberalizó el sector se aprobó en mayo de 2017, a instancias precisamente de la UE que terminó multando a España con tres millones de euros por el retraso en aplicar su normativa.

El texto visado este viernes recoge también la subrogación obligatoria -a través de los convenios colectivos- de los trabajadores de las empresas portuarias (las Sagep), de manera que las ETT o cualquier otro actor que pase a gestionar la estiba en un puerto tenga que contar, al menos, con la misma plantilla como «en otros sectores». Desde el Gobierno defienden que eso «conjuga» la libertad de contratación con los derechos de los trabajadores.

También se refuerza la capacidad de los empresarios en la organización y dirección del trabajo, en la línea del acuerdo entre los sindicatos de la estiba y la patronal Anesco para una reorganización de los turnos, si bien siempre canalizándolo a través de la negociación colectiva. También se pactó hace dos años una rebaja salarial del 10% para los salarios medios y altos del sector.

Sobre el acceso a la profesión de estibador, se permitirá el uso del contrato de aprendizaje para que quienes cursen el llamado certificado de profesionalidad puedan combinar su formación con el trabajo práctico. Asimismo, se rebaja el número de horas exigidas para obtener esa capacitación, que quedan en 400 frente a las 600 del decreto de 2017.

Además, se va a tramitar de forma urgente otro decreto que prevé conceder hasta 120 millones en ayudas públicas para sufragar las prejubilaciones -de quienes les resten cinco años o menos para la edad legal de retiro- y bajas voluntarias acordadas por los agentes del sector, que cuenta con 6.150 estibadores.

Pese a todo, la patronal Anesco y los sindicatos de la estiba aún siguen amenazados con una posible multa por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El órgano regulador, que prevé concluir su expediente sancionador antes del verano, les acusa de «conductas colusorias con la libre competencia» a raíz de su pacto, al considerar que limita la contratación de personal. El castigo económico que podría recaer sobre esos agentes sociales rondaría los siete millones de euros, la mayor parte a cargo de la referida asociación empresarial.