Las empresas que saquen el 65% de su producción de España tendrán que devolver las ayudas

Cualquier empresa que quiera finalizar su actividad en España «tendrá que anunciarlo con nueve meses de antelación y se creará una mesa para intentar dar alternativas», indicó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en la rueda de prensa.

El objetivo del Gobierno es sostener el empleo y las inversiones en España. En concreto, serán las empresas cuyas ayudas públicas hayan superado los 3 millones de euros en los últimos cinco años y en las que su deslocalización suponga reducir en más de un 65% su producción o 500 personas su plantilla en España. Estas empresas tendrán que mantener la actividad y el empleo en España durante un periodo preestablecido por ley.

Así, tras el preaviso al Gobierno, se convocará una mesa de industria con sindicatos y la comunidad autónoma afectada para estudiar alternativas a esta salida. Y en el supuesto de que estas empresas hubieran recibido subvenciones para la implantación de su actividad, deberán devolverlas.«Se tendrán que agotar todas las líneas de diálogo», dijo Hereu.

«La reindustrialización en Europa es una necesidad y es una enorme oportunidad para España, de manera que, en este contexto actual, la política industrial activa ha vuelto con fuerza para ocupar un espacio en la agenda política y pública», destacó Hereu, justificando la «gran necesidad» de dicha nueva ley.

El ministro, que consideró esta nueva ley de industria como «un cambio de paradigma», valoró que el texto aprobado este martes toca materias a las que la ley de 1992 ni siquiera se aproximaba: descarbonización, talento, brecha de género, autonomía estratégica...

La reacción de la industria no se hizo esperar y en un comunicado la Alianza por la Competitividad de la Industria Española (formada por Anfac, AOP; Aspapel, Feique, FIAB, Oficemen, Primigea, Sernauto y Unesid) consideró que el nuevo marco legislativo «aunque positivo, carece de la concreción de lo más esencia», al no definir cómo se van a articular los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proceso de reindustrialización que requiere el país y la incorporación de un fondo de financiación para impulsar la competitividad industrial, que estiman que debería ascender a unos 2.500 millones anuales. Por ello, consideraron que la articulación de recursos financieros debe «sentar las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria».