Aumentan las empresas que piden el rescate y el Gobierno podría ampliar el fondo

Estos rescates están siendo gestionados por la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que ante la avalancha de peticiones y las polémicas suscitadas en torno a alguno, ha nombrado esta semana como presidenta a Belén Gualda, hasta ahora máxima responsable de Navantia, en un cargo que llevaba vacante desde octubre de 2019, por su amplia experiencia en puestos directivos del sector público empresarial.

¿Cuánto dinero se les puede inyectar? Un mínimo de 25 millones de euros –aunque esta cuantía podrá ser menor «en casos justificados»– y un máximo sin tope que se establecerá según «lo imprescindible para restaurar la viabilidad de la compañía», recuerda el Ministerio de Hacienda, aunque ese importe no podrá mejorar el patrimonio neto de la empresa a 31 de diciembre de 2019, justo antes del comienzo de la crisis. Y aunque el plazo para presentar la solicitud de rescate vencía el 30 de junio, se ha decidido ampliar hasta final de año, pero no así el presupuesto, que sigue en 10.000 millones.

Hasta el momento la SEPI ha recibido solicitud de rescate de más de una veintena de empresas, pero el Consejo de Ministros solo ha aprobado cuatro. La primera fue la de Air Europa, que el pasado noviembre consiguió 450 millones de euros para la aerolínea de Globalia. A cambio, ha tenido que aceptar la entrada en su consejo de administración de dos miembros elegidos por el Gobierno y se ha comprometido a no ejecutar despidos. La segunda fue Duro Felguera, con un rescate aprobado a principios de marzo por 120 millones dada «la importancia de la compañía sobre todo para Asturias, donde supone el 1% de todo el empleo», señalaron desde Hacienda.

En el mismo Consejo de Ministros se aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibirá 53 millones de euros y ha sido foco de debate posterior porque lleva en pérdidas desde su fundación en 2011 y solo tiene un avión en funcionamiento. La última compañía rescatada hasta el momento fue Ávoris, el tándem de agencias de viajes Barceló-Globalia, que recibirá una inyección de 320 millones y culminará su fusión. Entre las cuatro suman el 9,5% del total del fondo.

Las dos próximas compañías que muy probablemente serán rescatadas por el Estado en estas semanas son Celsa y Tubos Reunidos. En primer lugar, la siderúrgica catalana había solicitado 350 millones, pero ha terminado aumentando esta cantidad hasta los 700. Por su parte, el grupo industrial Tubos Reunidos ha pedido 115 millones después de que la pandemia haya paralizado más de la mitad de sus proyectos contratados. Otros que siguen analizándose por parte de la SEPI son el de la cadena hotelera Room Mate, que ha solicitado 52 millones, el del grupo de transporte turístico Juliá (37 millones), el de la cadena hotelera Serhs (35 millones) o el de Abengoa (249 millones).

Con lo que ya cuentan en la SEPI es con una nueva situación sobrevenida que deberán gestionar durante las próximas semanas: el mínimo goteo de peticiones de rescate por parte de un puñado de empresas se verá ensanchado por las llamadas de auxilio de cada vez más negocios. La mayor parte de las empresas están cerrando estas semanas las cuentas anuales de 2020. «Cuando comprueben cuál es su estado real tras la covid, previsiblemente pedirán rescates», apuntan fuentes gubernamentales.

Será con esas cuentas de resultados cuando una parte de los empresarios se percate de que realmente están con el agua al cuello. En realidad, el fondo de la SEPI es el último recurso. El camino que recorren los negocios pasa en primer lugar por pedir ayuda al banco para reestructurar la deuda o asumir un nuevo crédito. Si la entidad financiera no da una respuesta acorde a lo que busca el empresario, acude al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y ya si en ese contexto tampoco logra sus objetivos va al Fondo de Solvencia de la SEPI.

Hasta ahora, esas empresas con más problemas contaban con algunos escudos que ejercían de protección, como las moratorias de ciertos créditos, los préstamos del propio ICO o los ERTE para una parte de sus empleados. Pero las semanas siguen avanzando y no hay visos de que la situación económica vaya a mejorar a corto plazo. Por eso la SEPI podría ver incrementado el número de peticiones en este segundo trimestre en unos términos mucho más llamativos de los que hasta ahora se han aprobado por parte del Gobierno.

Esa nueva situación podría implicar que los 10.000 millones de euros que el Ejecutivo había puesto sobre la mesa para ayudar a empresas en apuros se vea superada por las circunstancias. El plazo se ha extendido hasta finales de año y en estos meses, si aumentan las peticiones, esa cuantía se vería superada. Si así fuera, desde el Gobierno anticipan que ampliarían ese capital para hacer frente a más peticiones de auxilios, si se diera el caso.

Los dos criterios fundamentales que analiza la SEPI a la hora de conceder un rescate es que con él se evite la quiebra de una compañía estratégica para España y que fuera viable antes de la pandemia, por lo que su desaparición podría perjudicar gravemente a la economía. Entre los requisitos, tener sede y centros de trabajo en España, demostrar la capacidad para devolver las ayudas públicas y justificar que su quiebra supondría «un elevado impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo», según recoge el BOE. Además, no podrán haber sido condenadas por cohecho o malversación de caudales públicos, tendrán que estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no podrán repartir dividendos tras ser rescatadas y sus consejeros tampoco podrán cobrar ni primas ni retribuciones variables.