Así se desmantelará la central nuclear de Garoña

La mayoría de las centrales nucleares opera durante una media de 38 años antes de ser desmanteladas, pero los expertos de la Oficina para la Energía Nuclear de Estados Unidos aseguran que no hay razones técnicas por las que no puedan estar en funcionamiento durante otros tantos. No en vano, según la Asociación Nuclear Mundial, el 94% de los doscientos reactores que se han cerrado en todo el planeta lo ha hecho por asuntos que nada tienen que ver con la seguridad de las instalaciones o con su capacidad para producir energía.

En un 25% de los casos, la decisión ha sido política y está relacionada con la preocupación por el entorno o con la estrategia de transición energética, mientras que el resto ha bajado la persiana porque había cumplido con el ciclo de vida proyectado o su explotación ya no resultaba rentable, como argumentó Iberdrola en el caso de Garoña y contra la opinión de Endesa.

A las centrales nucleares hay que sacarles todo el jugo posible, porque el proceso de desmantelamiento tiene un coste muy elevado. De ahí que se deba tener en cuenta desde el inicio de las operaciones, y que parte de los ingresos que generan se suela destinar al fondo con el que se financiarán los trabajos de demolición y reacondicionamiento del terreno.

En el caso de Garoña, cuya titularidad ha pasado ya de Nuclenor a la empresa pública Enresa, el derribo está presupuestado en 475 millones de euros, que desembolsará el Fondo para la Financiación para actividades del Plan General de Residuos Radiactivos y a los que habrá que sumar el coste de gestionar el combustible radiactivo.

Además de caro, el proceso es delicado, peligroso y largo: está previsto que los trabajos en Garoña se alarguen una década, en la que se gestionarán 4.027 toneladas de materiales que cuentan con alguna carga de radiactividad y se trasladarán al cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba, el único almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad de España.

Hay tres fórmulas para borrar una central nuclear del mapa. La más habitual, y la que se utiliza tanto con Garoña como con la central José Cabrera –más conocida como Zorita–, es la inmediata: tras su parada y desconexión de la red, el desmantelamiento arranca en cuanto se aprueba el proyecto para el mismo, un proceso burocrático que en el caso de la central burgalesa se ha demorado más de una década, ya que involucra a diferentes departamentos que deben analizar la seguridad y el impacto medioambiental.

Una segunda opción es la del derribo diferido. Como explica el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), supone que, «después de la retirada de los elementos combustibles gastados y algunos componentes y estructuras, la instalación se mantenga en un estado pasivo o de latencia por un período de tiempo que puede oscilar entre los 30 a 100 años, después del cual se procede a su desmantelamiento total».

Esta estrategia busca disminuir la radiactividad de forma natural con el paso del tiempo, «hecho que se puede aprovechar para mejorar las condiciones radiológicas de la instalación cuando se aborde el desmantelamiento integral de la misma» y reducir así el coste del proceso. Es lo que se hizo con la central de Vandellós I, que en 2003 concluyó el nivel 2 de desmantelamiento y dejó el cajón del reactor, sellado y sin combustible nuclear, en un periodo de latencia de 25 años.

Finalmente, la malograda central de Chernóbil es un buen ejemplo de la tercera fórmula: la del sarcófago o desmantelamiento 'in situ'. «Se opta por encapsular y aislar la instalación en su propio emplazamiento y mantenerla así durante un período de tiempo adecuado para que los niveles de radiactividad decaigan lo suficiente para poder liberar dicho emplazamiento del control regulador. Esta estrategia implica, de hecho, el almacenamiento de los residuos en el propio emplazamiento de la instalación», detalla el CSN.

A pesar del temor que las centrales nucleares provocan, justificado con casos como el de Chernóbil o el más reciente de Fukushima, lo cierto es que solo 12 reactores se han desmantelado por accidentes que han comprometido su seguridad. Japón es el país más afectado –4 reactores de Fukushima y uno de Monju–, seguido por Alemania con dos. En España, la central de Vandellós 1, que se ve en la fotografía superior, también fue desmantelada tras sufrir un fuego en la turbina. No porque dejase de ser segura, sino porque repararla no salía a cuenta. Cuando su periodo de latencia concluya, se estima que el edificio del reactor habrá perdido el 95% de su radiactividad y que así resulte mucho más fácil demolerlo.

Antes de comenzar las fases del desmantelamiento propiamente dicho, lo primero de todo es apagar la central. Lo que se llevó a cabo en 2012, que fue el último año de actividad. A partir de esa fecha comenzaron la planificación del desmantelamiento y los largos trámites burocráticos para su aprobación.

El elemento más crítico, y al que primero se presta atención, es siempre el combustible radiactivo. Supone el 99% de la radiación.

Este proceso es necesario para tratar de minimizar el impacto radiológico. Hacerlo antes de comenzar con el desmontaje permitirá la optimización de la gestión de los residuos radiactivos.

De forma paralela se llevará a cabo el desmantelamiento de los grandes componentes alojados en su interior. Dicho edificio se convertirá en el edificio auxiliar de desmantelamiento, y se destinará al acondicionamiento de los residuos radiactivos procedentes del reactor.

En la central, hay edificios con radiación y otros libres de ella. En los contaminados, el personal encargado del desmantelamiento necesita trajes especiales y medidores de radiación para controlar constantemente los niveles a los que están siendo expuestos.

Una vez descontaminados se llevará a cabo la demolición convencional de los edificios. Una gran parte de los materiales no radiactivos podrán ser reciclados y reutilizados. Los radiactivos de muy baja, baja y media actividad se transportan, para su gestión, al centro de almacenamiento de El Cabril en la provincia de Córdoba. Habrá que reacondicionar el terreno para ser reutilizado y por último proceder a la clausura de la instalación.

Al acabar el proceso, la titularidad del lugar será devuelta a Nuclenor. Con el paso de los años, el emplazamiento de la central nuclear quedará liberado para otros usos. Ya se han destinado 7,7 millones de euros para diferentes proyectos de recuperación del entorno.

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