Competencia amplía a 36 consultoras el expediente por repartirse el mercado

La acusación que pesa sobre ellas es haber constituido presuntamente una especie de cartel a gran escala mediante el que vendrían a repartirse buena parte del mercado, «principalmente» en las licitaciones públicas aunque también en algunas privadas. Y todo ello «en gran parte del territorio nacional», pese a que el origen de estas pesquisas está en unas indagaciones de la Autoridad Vasca de Competencia en relación a contratos de consultoría de la administración autonómica.

Las primeras inspecciones se realizaron en enero de 2017, aunque hubo que esperar a los registros realizados por la CNMC en octubre pasado para comprobar el alcance de este aparente oligopolio –en julio se hicieron más visitas por sorpresa a empresas implicadas– donde aparecen cinco grandes empresas del sector: Deloitte, PwC, KPMG, Indra y Everis. También han sido expedientados una decena de directivos, algo no habitual en estos casos dado que la Comisión suele proceder directamente contra las compañías ante la dificultad de probar decisiones individuales.

Las conclusiones preliminares de Competencia apuntan la existencia de «indicios racionales» de que se han cometido «infracciones prohibidas» sobre la normativa de libre mercado, tanto española como europea. Consistirían, según la CNMC, en «acuerdos o prácticas concertadas para el reparto del mercado de servicios de consultoría», con el fin de «presentar ofertas ficticias para concurrir de forma concertada» a diversos tipos de concursos entre los años 2009 y 2018.

Esta supuesta «manipulación» de las licitaciones por parte de las empresas que acudían a ellos podría acarrearles ahora multas multimillonarias, de hasta el 10% del volumen de negocios anual de cada infractora dado que «los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave». No obstante, aquellas que «aporten elementos de prueba» que posibiliten a la CNMC detectar ese tipo de prácticas pueden beneficiarse de su programa de clemencia, que contempla rebajas de multas e incluso exenciones de las sanciones (incluida la de prohibición de contratar con la Administración) si la información suministrada tiene un «valor añadido significativo».