Competencia acusa a Correos de discriminar a los pequeños clientes frente a los grandes

Así, en un cálculo para el próximo cuatrienio (2019-2023) -y, resalta el organismo fiscalizador, tomando el «mejor escenario» posible para la compañía que desde hace un año preside Juan Manuel Serrano-, estima que tendría unas pérdidas acumuladas de 1.733 millones de euros. De hecho, sus números rojos operativos no dejarían de crecer en la legislatura que acaba de comenzar, para pasar de 298 millones este mismo ejercicio a 399 millones en 2023.

Pero si la AIReF critica los números de Correos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hace lo propio con su política comercial, pues, según los informes anuales que viene haciendo la Sala de Supervisión Regulatoria, discrimina de forma positiva a los grandes frente a los pequeños. En concreto, realiza descuentos tan importantes a las empresas de mayor tamaño que, incluso, terminan generándole pérdidas operativas.

Su análisis más reciente, publicado con las estimaciones para 2019 aunque recoge como últimos datos oficiales cerrados los de 2017, concluye que en ese terreno el operador público «no cumple con la obligación de orientar los precios a los costes que afronta por prestar esos servicios». Y lo peor, insisten desde Competencia, es que esa polémica política de descuentos viene siendo «cuestionada» por el organismo «en sucesivas resoluciones desde 2014».

Las alegaciones de Correos en su defensa se centraban en motivos más formales que de fondo como, por ejemplo, que era «confuso» estudiar «de manera conjunta» la previsión de tarifas postales para este 2019 y una política de descuentos «que no será conocida hasta que haya finalizado el ejercicio». Pero la CNMC replica que la Directiva Postal europea y diferentes sentencias de la Audiencia Nacional legitiman su actuación porque Correos «compite en un mercado liberalizado y, simultáneamente, recibe financiación pública para compensar las pérdidas» por el servicio postal universal. No en vano, pese a la situación del sector, nuevas empresas ven la luz, como Hispapost, que llega al mercado tras el acuerdo entre Servinform y Akropost.

Por eso en el órgano que preside José María Marín Quemada no entienden que el operador público siga ofreciendo año tras año a sus principales clientes, fundamentalmente grandes empresas, «descuentos que generan márgenes efectivos negativos» en sus cuentas anuales. Y, además, «continuarán resultando negativos en la mayoría de los casos en 2019», aún «en la situación hipotética más favorable a Correos», dado que traslada «íntegramente» el incremento de sus tarifas de 2017-2019 a sus ingresos netos, es decir, aunque en teoría sube los precios de esos servicios en realidad factura menos.

Pero, ¿cuál es la razón empresarial para ello? Pues desde Competencia sospechan que los descuentos serían «necesarios para retener» a esas grandes empresas como clientes, o bien «recuperarlas» si se han marchado a otro operador, de manera que el fin último sería «expulsar a cualquier competidor de ese segmento». De hecho, la operadora catalana Unipost, ahora en fase de liquidación con una deuda de 95 millones de euros, ha denunciado ante varias instancias -incluidos los tribunales- ese «doble rasero».

Y es que mientras la Comisión Europea ha considerado «excesiva» la compensación que recibe Correos, y en julio de 2018 ya ordenó que devolviera al Estado 167 millones por ayudas públicas ilegales recibidas entre 2004 y 2010, los polémicos descuentos se mantienen. Además, se hace en «asimetría» respecto a los clientes particulares -denuncia la CNMC-, a los que sí se les siguen aplicando incrementos en las tarifas y «generan márgenes positivos en todos los tramos» comerciales.

El otro gran pero a Correos se refiere al precio de los paquetes, el doméstico (azul) y el que va dirigido a Europa, que no ve «asequibles» respecto al promedio de tarifas en la UE.