Las claves de la guerra Taxi-VTC y la revolución de las tecnológicas

A las administraciones les está ocurriendo algo similar a lo que ha ocurrido recientemente con los patinetes eléctricos o la proliferación de los pisos turísticos. La eclosión de la tecnología en distintos ámbitos se ha traducido en varios conflictos de complicada resolución y ha hecho posible que surjan nuevos modelos de negocio que cambian radicalmente el mercado en múltiples sectores.

Los taxistas aseguran ser víctimas de competencia desleal por parte de los vehículos con conductor VTC y quieren algo más que un límite, como que se transfieran a las comunidades autónomas y los ayuntamientos las competencias pertinentes para instaurar sus propias regulaciones en torno a Uber, Cabify o Car2Go. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son las peticiones de los taxistas? Las licencias, los tiempos, las condiciones de reserva...Con Ómnibus empezó todo. A punto de finalizar 2009 entraba en vigor la ley española 25/2009. Establecía cambios legislativos encaminados a la liberación del sector servicios, y al incluir al sector del taxi eliminaba la limitación de licencias VTC abriéndole las puertas de par en par a empresas como Uber o Cabify. En 2013 la situación da un vuelco y el Gobierno de Rajoy cede a las presiones del gremio de los taxis y quiere modificar dicha ley para limitar las concesiones a las VTC. No obstante, al tratar de volver a la proporción de una licencia de VTC por cada treinta de taxis, se encontró con el resquicio legal de que el Supremo no entendía la vuelta al límite.

En el sector del taxi empezaba a cundir la incertidumbre. Y vivió un golpe de efecto con la llegada de Uber a Barcelona en 2014. Se multiplicaron las peticiones y también las concesiones. La justicia ha ido dando la razón a la gran mayoría de propietarios de credenciales VTC y aún hoy se están aprobando licencias solitadas en aquel periodo en el que hubo algo parecido a un vacío legal, según reconoce Unauto -la patronal mayoritaria de las VTC.

El asunto se caldeó sobremanera el año pasado. Las credenciales de VTC activas en España superaron las 11.000 en septiembre, con cerca de 2.000 pendientes de resolución judicial. En cuanto a las licencias de taxi, eran de 65.456 hace medio año, lo que indica una proporción aproximada de una por cada seis, lejos del una por cada treinta.

El Gobierno central trató de aplacar los ánimos en septiembre del año paado al aprobar un decreto ley que permite limitar las VTC y hasta anularlas en el 2022, una norma que además cede a las administraciones autonómicas y locales el poder de establecer horarios, días de circulación, recorridos máximos, otros condicionantes...

La Generalitat de Cataluña aprobará próximamente un decreto ley que regulará la actividad VTC en la Comunidad, aunque no lo hará tal y como lo había pedido el taxi. El Govern planea limitar la actividad de Uber y Cabify en la comunidad con diversas medidas, entre ellas exigir un tiempo de precontratación a los coches VTC. Sin embargo una de las condiciones innegociables que había puesto el taxi, que esa precontratación fuera de varias horas -al menos seis- no se va a cumplir. El decreto establecerá un tiempo de 'sólo' una hora de precontratación. Al taxi le parece insuficiente. Aunque la medida no satisface ni al taxi ni a las VTC, que consideran que el decreto ley no puede incluir medidas discriminatorias ni desproporcionadas como la precontratación y amenazan con abandonar la ciudad condal por las concesiones.

El nuevo decreto ley de la Generalitat establece también que los coches VTC no podrán circular por las vías públicas captando clientes. La única forma de ofrecer servicio será esperar la llegada de contrataciones a través de las plataformas tecnológicas mientras están estacionados en su base o fuera de las vías públicas. Y esas contrataciones deberán ser con al menos 15 minutos de antelación.

En este frente, en el de la captación de clientes, se añade un punto importante: Uber y Cabify no podrán mostrar en sus aplicaciones la ubicación de los coches alrededor de cada usuario, ya que eso se consideraría captación de clientes. «La geolocalización que permite a los clientes ubicar a los vehículos disponibles con caracter previo a la contratación se considerará captación de viajeros y por tanto prohibida de acuerdo con lo previsto en esta disposición adicional», señala el decreto.

La Generalitat plantea además aprobar una nueva «Ley de regulación integral de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de turismo (taxi y VTC)» en ocho o diez meses. Esta nueva ley regulará una serie de aspectos como la formación de los conductores, aspectos de seguridad, prestación de servicios en aeropuertos o precios. El resto de CCAA, especialmente la Comunidad de Madrid y Valencia, pondrán el foco en este decreto para tomar medidas similares a las decididas ahora por Cataluña.

Reclaman que se regule debidamente la actividad de los VTC. Consideran desleal su negocio y pretenden limitar su uso. Piden que se cumpla la ley que dice que sólo puede haber un VTC circulando por cada 30 taxis. La norma está avalada por el Supremo.

El objetivo del gremio del taxi es evitar que estas empresas puedan recibir a clientes con reservas realizadas con menos de 12 horas de antelación. Así que si se quiere un un VTC habría que llamarlo con 12 horas de antelación. Si no, el taxi será lo que esté a tú disposición. La Generalitat propuso 15 minutos, algo que los huelguistas rechazaron. Posteriormente ampliaron a una hora. Falta la polémica votación que podría dejar a los VTC fuera de la ciudad condal tras su amenaza por esta concesión.

Los taxistas no quieren que los VTC puedan estar circulando por la ciudad en busca de clientes, que no puedan acercarse a menos de 100 metros de paradas de taxis, ni ponerse a aguardar por su cuenta en estaciones o aeropuertos. Piden que una vez finalizado un servicio, tengan la obligación de regresar a su base, lo que ralentizaría su tiempo de respuesta.

Los taxistas critican que el real decreto del Gobierno cedió las riendas a las Comunidades Autónomas sobre la regulación de los VTC y ahora están en pie de guerra porque las administraciones regionales quieren dejar la normativa en manos de los ayuntamientos.

Los taxistas reclaman inspecciones para que se cumpla la ley, se endurezca el régimen sancionador y los VTC no puedan captar clientes en la calle como los taxis.