La banca y Fridman, condenados a entenderse

En realidad, el grupo de distribución que posee la tercera mayor cadena de supermercados del país ya estaría en quiebra técnica desde el miércoles pasado, cuando la junta general de accionistas aprobó las cuentas de 2018 que arrojan un patrimonio negativo de 166 millones de euros (98 millones en la matriz). Fue el resultado del «peor año de Dia desde su creación» -como reconoció el consejero delegado, Borja de la Cierva- tras sufrir unos números rojos de 352,6 millones frente a los 101 millones que ganó en 2017.

Ahora tiene un plazo de dos meses para retornar ese saldo a términos positivos, algo que según los responsables de LetterOne -la sociedad instrumental de un grupo de inversores rusos que controla el 29,1% de Dia y aspira a hacerse con la mayoría- se podría resolver «con varios mecanismos contables» que, sin embargo, no han llegado a precisar. Uno sería la reducción de un pasivo que se ha disparado a 1.452 millones de euros, entre deuda financiera y emisiones de bonos. Pero ni el principal socio de la compañía está dispuesto a una amortización parcial anticipada, ni las entidades bancarias aceptarían algún tipo de quita.

Así las cosas, la reunión que ambas partes prevén mantener a principios de esta semana probablemente no arroje acuerdo alguno, aunque sí puede servir para reducir «diferencias de criterio». La primera será dejar claro que a ninguno les interesa, a priori, llegar a la fase concursal -antes de un concurso formal podrían pasar seis meses- ni que la banca cambie sus posibles créditos impagados por acciones. El precedente de Pescanova, finalmente reflotada pero tras un arduo camino, no entusiasma precisamente al Santander, que encabeza a los acreedores.

Tampoco BBVA, JP Morgan, Barclays y Société Générale parecen tener 'vocación' de accionistas. Pero igualmente no quieren provisionar 'sine die' esos préstamos -podrían verse obligados a cubrir el 25% si los clasifican «en vigilancia especial», detrayendo ese dinero de sus beneficios anuales- ni malvenderlos a fondos oportunistas, aunque probablemente alguna entidad termine recurriendo a esta solución.

La banca acreedora pretende de LetterOne, cuyo principal socio es el magnate Mikhail Fridman -el octavo mayor millonario de Rusia-, algún compromiso, sobre todo si éste mantiene su exigencia de 'congelar' la deuda hasta finales de marzo de 2023, período en el que no habría reducción del principal pero tampoco de los intereses. Las entidades financieras aceptarían lo primero, pero rechazan lo segundo si el primer accionista de Dia no se implica más de su propio bolsillo.

Para ello el grupo de inversores rusos debería sufragar un préstamo participativo de entre 100 y 150 millones para sacar a Dia de su causa oficial de disolución, esto es, devolver su patrimonio a terreno positivo. Incluso algunos bancos exigirían que, al igual que LetterOne se niega a poner «un solo euro más de dinero nuevo» hasta ver si triunfa su oferta pública de adquisición (OPA) -que podría ser aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de Semana Santa-, tampoco aproveche la ampliación de capital posterior por 500 millones para recuperar ese dinero.

Otra exigencia de Fridman y sus socios es que se eliminen los ratios de control de deuda conforme al resultado bruto de la compañía y que la banca renuncie a las cláusulas de cambio de control que introdujo el 31 de diciembre, al refinanciar varias líneas de crédito por 896 millones. Es decir, una suerte de pacto de no agresión que, además, supondría que las entidades no le suban los intereses pese a que en el próximo lustro no reciban dinero de Dia.

La lista de peticiones de LetterOne a la banca se cierra precisamente con una reapertura, la de las líneas de liquidez a corto plazo (vía 'confirming' o 'factoring') que mantenía abiertas con Dia hasta 2018 y que le permitían disponer de hasta 700 millones anuales. Algunas de esas condiciones estaban en el preacuerdo alcanzado por el consejo y las entidades en la víspera de la junta general, pero el rechazo a los planteamientos de los gestores actuales lo convirtió casi en papel mojado.

Varios puntos sí podrían recuperarse, como la nueva sociedad conjunta a la que la cadena transferiría parte de sus tiendas como garantía para la banca. También quieren, antes de firmar un acuerdo, que el equipo de Fridman logre refinanciar los bonos por casi 306 millones que le vencen en julio. Y si el magnate ruso insiste en no amortizar deuda tampoco con el dinero que obtenga de la venta de activos -por las tiendas Max Descuento y Clarel espera lograr no menos de 100 millones-, solo negociaría aplazar los 557 millones que serían exigibles el 1 de mayo.