La morosidad y los impagos ponen en peligro la viabilidad de las empresas

Pero lo que todavía es más preocupante es que el número de impagos aumentó en 2020 para un 31% de las empresas, lo que supone la antesala del cierre de muchas de ellas. Así, la ratio de impagados (importe de facturas impagadas entre el importa de ventas) escaló en apenas un año hasta el 5,4%, 2,3 puntos más que en 2019, muy por encima del nivel que se considera normal, que ha de estar por debajo del 2% o 2,5%.

Si se mantiene esta actual situación de pagos fuera de plazo, un 16% de las empresas encuestadas considera inviable su negocio, por lo que tendrá que cerrarlo, según destaca este informe. Esta situación, además, no tiene visos de revertirse, ya que casi la mitad de las compañías cree que sus plazos empeorarán durante 2021.

Quienes más infringen la ley son precisamente las empresas más grandes (las que facturan más de 50 millones): un 81% paga fuera del plazo legal y solo cumplen, por tanto, un 19%. Por el contrario el 42% de las pymes paga bien, dentro de los 60 días reglamentarios.

El presidente de la plataforma contra la morosidad, Antoni Cañete, advirtió en rueda de prensa que si las empresas del Ibex 35 pagaran en el plazo que marca la ley española y europea tendrían que inyectar 56.488 millones de euros, una cantidad que se elevaría hasta los 80.000 millones si se amplía a las empresas del mercado continuo.

A su vez si la Administración abonara sus facturas en los 30 días que les corresponde, regarían a las empresas con otros 8.000 millones, según estimó Cañete, que denunció que no se pueden alargar aún más los plazos de pago en el sector público cuando más se necesitan y pidió aprobar con máxima urgencia un régimen sancionador para terminar con esta mala práctica. Además, reclamó que el Gobierno pida a las administraciones que paguen de forma urgente en los plazos marcados, lo que, a su juicio, permitiría salvar muchos negocios y puestos de trabajo.

Además del empeoramiento de los plazos de pago, también se constata la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 62% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la ley.

A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 87% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora y el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.