Anticorrupción pide 59 años de cárcel a Villarejo por sus ocho años de servicios a Iberdrola

A José Manuel Villarejo, los fiscales del caso le atribuyen un delito continuado de cohecho pasivo, diez delitos (uno por cada trabajo a la empresa) de descubrimiento y revelación de secretos y otro continuado de revelación de secretos. A otro de los encausados, el socio del comisario Rafael Redondo, los acusadores solicitan 50 años y seis meses de prisión. A los tres les piden además que indemnicen en concepto de responsabilidad civil a varios afectados con un total de 285.000 euros. También se dirigen en este sentido contra la Administración General del Estado, que debería de responder de forma subsidiaria como Iberdrola.

La Fiscalía sostiene que, "desde el año 2004 y hasta el año 2011, Antonio Asenjo, en su condición de director de seguridad corporativa del Grupo Iberdrola, con pleno conocimiento de que se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía y que podía servirse de dicha condición para llevarlas a cabo, encomendó a Villarejo diferentes y sucesivas investigaciones sobre distintas cuestiones que afectaban a la compañía".

"Todas estas investigaciones estaban dirigidas a obtener información sobre personas físicas y jurídicas competidoras o con las que el Grupo Iberdrola tenía algún conflicto o previsiblemente, a juicio del propio Asenjo, lo podría tener en el futuro", añade el escrito.

Anticorrupción incide en que Villarejo, "al tiempo de asumir los servicios encomendados por el Grupo Iberdrola, se encontraba en servicio activo destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional realizando funciones de captación de información de interés policial". "Los servicios de investigación dieron lugar a lo que el propio Villarejo denominó proyectos de investigación y fueron asumidos para prestarlos a través del complejo entramado societario del que era titular real, denominado grupo Cenyt", continúa el escrito.

Anticorrupción afirma que por la prestación de todos estos servicios de investigación la energética abonó mediante diferentes transferencias bancarias más de un millón de euros entre 2004 y 2012. De dicha cantidad, Iberdrola Renovables, S.A. pagó 29.500 euros y el resto, 1,01 millones, fueron abonados por la matriz. Villarejo se habría embolsado finalmente un total de 1.455.064 euros, puesto que la mercantil Casesa le habría entregado hasta 407.740 euros por este negocio.

El primer trabajo se habría realizado en 2004 y se denominó proyecto 'Arrow'. Según la Fiscalía, tenía por objeto "investigar a las personas físicas y jurídicas que los investigados sospechaban que estaban obstaculizando la construcción de la central de ciclo combinado que Iberdrola estaba ejecutando en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera". Buscaba también "mejorar la posición" de la energética en los conflictos que se vivían a cuenta de la construcción de esta central.

Ese mismo año, Asenjo también habría encargado al comisario el denominado proyecto 'Aglow', cuyo objeto era establecer una colaboración permanente "con la que pudiera defenderse frente a cualquier actuación en su contra en la zona de Cádiz -donde se había desarrollado el proyecto 'Arrow'-, aunque pudiendo ampliarse de manera puntual a cualquier otra parte de España".

Entre 2004 y 2005, Asenjo también encargó el denominado proyecto 'Blackboard' o 'BB', que se centró en investigar a Manuel Pizarro, presidente entonces de la compañía Endesa, una de las principales competidoras del Grupo Iberdrola en el mercado. Sobre Pizarro también se habría creado el proyecto 'Quarter', centrado en este caso en la obtención de información sobre personas con las que aquél pudiera haber contactado en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA) que en el año 2005 la compañía Gas Natural realizó sobre Endesa.

El proyecto 'Wind', habría nacido en 2006 y tuvo presuntamente por objetivo analizar a Pedro Víctor Barriuso, quien había sido responsable de energías renovables del Grupo Iberdrola, ante las sospechas de que pudiera desarrollar algún proyecto empresarial que compitiera en el mercado con la propia energética.

En otro proyecto de 2007 denominado 'Front' supuestamente se investigó a dos trabajadores de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) respecto de quienes sospechaban que pudieran haber facilitado a terceros información reservada de dicha central nuclear. Ya en 2009, en el proyecto 'Gipsy' se habrían investigado si el directivo del Grupo Iberdrola José María Álvarez pudo haber cometido algún tipo de irregularidad al contratar con proveedores.

Y ese mismo año, en el proyecto 'Posy', se habrían centrado en obtener información sobre Florentino Pérez, presidente de la compañía ACS, y personas a él allegadas que, entre otras cuestiones, pudiera ser utilizada por Iberdrola en el conflicto que se mantenía entre ambos a cuenta de la composición del consejo de administración de la propia compañía.

La Fiscalía añade que, en el año 2010, Asenjo, actuando por cuenta del Grupo Iberdrola, encomendó a Villarejo el llamado proyecto 'Sugus', para analizar la figura de Gustavo Buesa, quien había sido designado consejero de Iberdrola Renovables, sociedad filial del Grupo. Por último, en 2011, Asenjo, actuando por cuenta de Iberdrola Renovables, le habría encomendado al comisario el denominado proyecto 'Wind', que se centró en la investigación de la compañía suiza Eólica Dobrogea AG y de su representante Corneliu Dica, con la que Iberdrola Renovables se había asociado para ejecutar la construcción de un parque eólico en Rumanía.