Airbnb carga contra el plan del Gobierno para el alquiler turístico

«Los casos de Portugal, Nueva York y Escocia ofrecen ejemplos significativos del impacto negativo y la falta de eficacia que pueden tener las regulaciones cuando no contemplan la realidad local o se utilizan como la única solución para abordar la crisis de la vivienda», indica la firma en un comunicado en respuesta a una consulta pública abierta por el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez.

La empresa insiste en que en esos países se ha demostrado que imponer restricciones generales a los alquileres de corta duración «ha demostrado no abordar adecuadamente los problemas subyacentes de vivienda», provocando que incluso en algunos de ellos, como Portugal, acabe dándose marcha atrás a la medida. Y pone como ejemplo el caso de Barcelona, donde existe una «moratoria absoluta» para la obtención de este tipo de licencias desde 2014 y -según indican- los precios del alquiler han aumentado un 70% en diez años.

Airbnb recuerda que, con datos del INE, los pisos turísticos rondan los 340.000 en toda España, «lo que supone apenas un 1% del total de viveindas, frente a las 4,7 millones de casas vacías que se estima que existen, representativas del 14% del total del parque.

Según la norma impulsada por Vivienda, los pisos en alquiler turístico y de corta duración estarán obligados a registrarse y obtener un número de registro de identificación a partir de 2025. Solo así, con esa verificación de los registradores de la propiedad, podrán publicar un inmueble en las plataformas digitales para su alquiler de uso turístico. Si no, tendrán que dejar de operar en el mercado.

Airbnb advierte que la norma «se desvía de manera significativa del propósito original de la Unión Europea, que busca la elaboración de normas locales específicas y proporcionadas, gracias al intercambio de datos e información entre gobiernos y plataformas».

Según indican, la normativa europea busca crear un registro único y simple, mientras que el decreto propuesto introduce nuevos requisitos que generan confusión y cargas administrativas adicionales. En primer lugar, en «lugar de que los anfitriones soliciten el registro sólo a un nivel, el decreto implica el registro a nivel autonómico y nacional, manteniendo también la licencia municipal».

Del mismo modo, el plan del Gobierno obliga a los anfitriones a obtener dos números de registro nacional: uno con fines turísticos y otro con fines no turísticos, en lugar de tener un identificador único para cada unidad. Denuncian además que «se establece el requisito de renovar anualmente el registro nacional, lo que también conlleva tarifas adicionales asociadas».

«Implementar normativas desproporcionadas para los alquileres de corta duración puede perjudicar a la industria y alejar a las familias locales de los beneficios del turismo, especialmente en zonas rurales», insisten desde la plataforma, que basa buena parte de su negocio en este tipo de alquileres.