La Abogacía del Estado retira la acusación contra Iberdrola del 'caso Villarejo'

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, había acordado el pasado 23 de junio la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y de tres directivos, el 'número dos' y consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker; y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Les imputaba un delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil por los encargos presuntamente ilícitos encomendados al comisario José Manuel Villarejo.

En su auto el magistrado aceptaba la petición efectuada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza 17 de Tándem y explicaba que los cuatro desde sus respectivos puestos directivos pudieron participar en la contratación de los servicios del comisario cuando aún estaba en activo en el Cuerpo Nacional de Policía, que se manipularon las facturas correspondientes a esos servicios y que se tuvo acceso a datos reservados de las personas sometidas a investigación, entre las que se encuentran desde el presidente de ACS, Florentino Pérez, al ex presidente de Endesa Manuel Pizarro.

Sin embargo, ya en mayo se pusieron a disposición de la Audiencia Nacional para declarar. Consideraban que era una una oportunidad para esclarecer los hechos en una causa que se extiende desde 2019 con el consiguiente daño reputacional para la eléctrica.

El pasado mes de julio, el magistrado de la Audiencia Nacional decidió suspender la declaración como imputado tanto del presidente de la eléctrica Ignacio Galán como del resto de directivos a la espera de resolver sobre el recurso de nulidad que presentaron desde la compañía. Un mes después, en agosto, García-Castellón rechazó el citado recurso de nulidad al no ver motivos para hacerlo. Sin embargo, todavía no hay fecha para la declaración de Galán ante el juez.

Esta pieza arrancó hace ya tres años después de que García-Castellón recibiera un oficio de Asuntos Internos elaborado a partir de la documentación aprehendida en los registros. En él, se destacaba que en 2004 la eléctrica contrató con Cenyt (empresa de Villarejo) a través del director de Seguridad, el también imputado Antonio Asenjo, el proyecto 'Arrow', que tenía por objeto superar los obstáculos para la construcción y puesta en funcionamiento de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Para ese proyecto, que se extendió hasta 2006, el comisario accedió a tráficos de llamadas de investigados y los informes que llegaban a Iberdrola tenían el carácter de confidencial.