Abengoa solicita 249 millones al fondo de rescate del Estado para salvarse

La empresa solicita un rescate por un importe total de 249 millones de euros. La concesión de la ayuda queda pendiente ahora de que la SEPI y los demás órganos competentes completen sus procedimientos internos hasta la resolución definitiva. Abengoa explica en el comunicado que ya había avisado de que estaba «trabajando en una solución alternativa» para poder cerrar una «nueva operación financiera» que garantice «la estabilidad y el futuro del grupo».

Este Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas ya ha rescatado a cuatro empresas -Air Europa, la aerolínea Plus Ultra, la ingeniera asturiana Duro Felguera y este mismo martes a Ávoris- y fue creado el pasado mes de julio por el Gobierno con 10.000 millones de euros para ayudar a compañías impactadas por al crisis de la covid-19, por lo que habrá que esperar a ver qué opinan de esta solicitud, ya que Abengoa tiene problemas financieros desde mucho antes de que comenzara la pandemia.

La compañía había decidido extender hasta el 31 de marzo el límite para alcanzar un acuerdo de reestructuración de deuda con los proveedores del grupo encabezado por Abengoa Abenewco 1, debido a que se había obtenido el apoyo mayoritario de los proveedores adheridos después de que solo el 0,17% votaran en contra. A su vez, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ya señaló que el Gobierno estaba «trabajando» para poder rescatar a Abengoa.

En el comunicado, la empresa reconoce que aunque su filial no ha alcanzado aún un acuerdo definitivo con los grupos acreedores ni ha obtenido la aprobación de las instituciones públicas (SEPI, ICO o Cesce) para la implementación de la operación, «la plantea sobre la base de una oferta de carácter no vinculante recibida por parte de un inversor, considerándola como la única opción posible en la actualidad».

Así, explica que Abenewco 1 ha recibido una oferta no-vinculante por parte de un grupo de inversores liderado por TerraMar Capital LLC que consistiría en proporcionar 150 millones de euros en forma de préstamo y 50 millones en forma de aportación de capital. El préstamo se dividiría en dos desembolsos, uno inicial de 35 millones que dotaría a Abenewco 1 de liquidez en el corto plazo, y 115 millones adicionales que estaría sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes.

Una vez cumplidas las condiciones precedentes, Abenewco 1 realizaría una ampliación de capital que subscribiría TerraMar por un importe de 50 millones de euros, con el objetivo de llegar a ostentar el 70% del capital social de Abenewco 1. Dicha oferta de financiación e inversión está condicionada a que las instituciones financieras de relación de la compañía aporten nueva financiación y nuevas líneas de avales, en línea con los acuerdos firmados y anunciados en agosto 2020.

El pasado 22 de febrero Abengoa no pudo resistir más una crisis empresarial que había estallado hacía ya cinco años y solicitó el concurso voluntario de acreedores. Con una deuda millonaria que arrastra desde hace años, tiró la toalla después de que fracasaran las negociaciones para la enésima reestructuración financiera de Abenewco 1. La deuda supera los 6.000 millones de euros, lo que convierte a este proceso como una de las quiebras más abultadas de la historia financiera de nuestro país, solo por detrás de la de Martinsa Fadesa.

Tras años de rescates, acuerdos de reestructuración y aplazamientos de pagos, esta vez Abengoa no consiguió que los bancos acreedores le dieran el consentimiento necesario para extender el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestucturación al que se llegó el pasado mes de agosto. El plan suponía la inyección de hasta 500 millones en liquidez y avales con garantías del ICO (Instituto de Crédito Oficial del Estado) y el seguro de crédito Cesce, a cambio de que se pasaran todos los activos a la sociedad Abenewco, controlada por los acreedores.

Pero con esta solicitud de concurso voluntaria no se produce la liquidación definitiva de la empresa. De hecho, fue una forma más de presionar para que los acreedores acepten quitas y reestructuraciones de la deuda que permitan la viabilidad. Sin duda, sindicatos y administraciones públicas han estado presionando para evitar la quiebra y la pérdida de miles de puestos de trabajo.