Abengoa y su crónica de una quiebra anunciada

Tras años de rescates, acuerdos de reestructuración y aplazamientos de los pagos, esta vez no consiguió que los bancos acreedores le dieran el consentimiento necesario para extender el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestruración al que se llegó el pasado mes de agosto. El plan suponía la inyección de hasta 500 millones, en liquidez y avales con garantías del ICO Iinstituto de Crédito Oficial del Estado) y el seguro de crédito Cesce, a cambio de que se pasaran todos los activos a la sociedad Abenewco, controlada por los acreedores.

Es importante destacar que la solicitud voluntaria de concurso no significa automáticamente que se vaya a producir la liquidación definitiva de la empresa. Con este nuevo paso hacia delante los accionistas pretenden que los acreedores sufran la presión de sindicatos y administraciones públicas para evitar la quiebra y la pérdida de miles de puestos de trabajo y acepten las quitas o aplazamientos de sus deudas.

Uno de los que ya han comenzado a presionar es el propio Gobierno, que ha querido desprenderse de toda culpa ante la crítica situación de la compañía. La portavoz María Jesús Montero defendió que desde el Ejecutivo «se han hecho los deberes» para ayudar a mantener la viabilidad de Abengoa, y aseguró que son otros de los participantes en el rescate, como la banca y la Junta de Andalucía, los que tienen que explicar «por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso». Montero afirmó tras el Consejo de Ministros que el Gobierno siempre ha «tendido la mano» a la compañía para llevar a «buen puerto la difícil situación» de la empresa agravada por la crisis de la covid-19, estando dispuestos a aportar más de 400 millones de euros en el plan de reestructuración para el grupo a través del ICO y Cesce.

La ministra confía en que el administrador «tenga capacidad de buscar un nuevo inversor que se pueda aprovechar del talento y el 'know how' que una de las empresas de ingeniería mas importante del país y la más importante de Andalucía ha aportado en los últimos años», añadió. «Nosotros hemos intentado ser parte de esta solución, pero otros actores que tenían que participar no han cumplido con las expectativas o compromisos que la propia empresa tenía planteado», afirmó Montero en referencia a la Junta de Andalucía.

A lo que el presidente Juanma Moreno señaló que no cree que se pueda imputar al Gobierno andaluz la responsabilidad de la situación de Abengoa, e incidió en su «apoyo» a la viabilidad de la compañía. En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Moreno apuntó que «si se habla de 6.000 millones de descuadre en las cuentas de Abengoa, los 20 millones solicitados a la Junta y que no podemos darle por la normativa, no hubiera contribuido prácticamente de ninguna manera a poder mejorar la situación de la empresa». Por ello, confía en que el Gobierno y la banca establezcan un plan de viabilidad «serio y que dé futuro a la compañía».

Ahora los accionistas minoritarios, que ya consiguieron destituir al consejo de administración capitaneado por Gonzalo Urquijo para parar el acuerdo, instaron al Gobierno a negociar con el nuevo consejo para frenar el rescate y buscar nuevas alternativas. En un comunicado, volvieron a expresar su «disposición a negociar e inyectar hasta 30 millones en la filial del negocio» y apuntan que el concurso de acreedores «puede agravar la situación y llevar a la empresa a su liquidación», algo «indeseable» para todas las partes implicadas.

Pero en esta junta extraordinaria del 4 de marzo habrá más temas sobre la mesa. Como la reprobación y cese del actual consejo por parte de los minoritarios, que recordaron que «nunca ha contado con nuestro apoyo desde que fueron elegidos y no dejaron acceder al ejecutivo elegido por la sindicatura». En el comunicado muestran su apoyo a los 14.000 profesionales que conforman la empresa, 3.000 de ellos en España, la mayoría en Sevilla, y les tildan de «trabajadores altamente cualificados en un sector clave como la energía renovable y el ciclo del agua».

En este mismo sentido se situó la Federación de CC OO de Industria, que mostró su «máxima preocupación» por la situación en la que quedan los 14.000 empleos ante la declaración de quiebra de Abengoa. «No es una situación nueva, sino que desde hace meses somos conocedores de los problemas financieros que arrastra la empresa, no deja de despertar las máximas alertas del sindicato», explican.

Por ello, esperan que se encuentren «los mecanismos pertinentes» para dar las soluciones pertinentes que garanticen el empleo y «eviten la pérdida de valor» de la compañía. «El empleo, en cuanto a su volumen y su calidad son, han sido y serán las preocupaciones máximas de CCOO de Industria en un proceso, que debido a su gravedad y complejidad, debemos ir analizando con el transcurrir de los acontecimientos, sin renunciar a ninguna de las acciones a las que como sindicato tenemos derecho», aseguran en el comunicado.