Italia presta 600 millones a Alitalia, bajo «administración extraordinaria»

El Consejo de Ministros aprobó dos decretos con los que establece una "administración extraordinaria" con tres comisarios para gestionar Alitalia durante medio año y para otorgar un préstamo de 600 millones de euros que garanticen su continuidad en ese plazo. De ahora en adelante a los mandos de la compañía se pondrán Luigi Gubitosi, exdirector de la televisión pública RAI, Enrico Laghi, excomisario de la siderúrgica ILVA, y el técnico Stefano Paleari, profesor universitario y experto en el sector del transporte aéreo.

Su objetivo será elaborar un plan industrial viable con el que sanear las cuentas y reactivar una aerolínea, Alitalia, que no obtiene beneficios desde 2002. Paralelamente, el crédito puente aprobado por el Ministerio de Economía y concordado con la Unión Europea (UE) servirá para garantizar la operatividad y el funcionamiento de Alitalia en los próximos seis meses, el tiempo que durará la gestión extraordinaria.

El primer ministro, Paolo Gentiloni, dijo en rueda de prensa que la intervención del Gobierno no solo responde a la "explícita petición" de la compañía, sino que es un "acto de responsabilidad" dirigido a asegurar un servicio que consideró "fundamental". Aclaró que el objetivo de préstamo de ninguna manera debe entenderse como una "segunda nacionalización", ya que la aerolínea pasó a manos privadas en 2009. "La nacionalización de Alitalia ha estado excluida desde el primer momento y la rechazamos también ahora", zanjó.

El ministro de Desarrollo Económico, Carlo Calenda, encargado de designar a los comisarios, dijo que el préstamo es "el máximo que hoy día es posible desembolsar" y que Alitalia, tras la labor de los administradores, deberá "abrirse a nuevos compradores". "El mandato de los comisarios es muy claro. En un periodo breve deben abrirse a las manifestaciones de interés por parte de potenciales compradores para mantener servicios, rutas y personal y para gastar el mínimo de dinero público", urgió el ministro.

El esfuerzo por parte de las arcas públicas está dirigido esencialmente a impedir el peor de los escenarios, la liquidación de una compañía que Gentiloni considera "un patrimonio" del país. Todo para evitar que la flota de la aerolínea se quede en tierra y esquivar una serie de "impactos muy violentos", en palabras del ministro Calenda, ya que Alitalia actualmente tiene en curso 4,9 millones de reservas y transporta dos millones de personas al mes.

Calenda destacó que la repentina interrupción del servicio de la compañía aérea provocaría "una desconexión" en el territorio italiano y "un daño de imagen gigantesco" dada su importancia estratégica para el turismo, uno de los motores económicos del país. "Este coste habría sido muy superior al que hoy afrontamos", dijo, en alusión al monto del mencionado decreto.

La intervención del Gobierno se produce tras la solicitud del consejo de administración de Alitalia debido a su "grave situación económica, financiera y patrimonial" y después de que sus trabajadores rechazaran el plan de recortes que se les planteó. El mecanismo al que el Ejecutivo ha recurrido es la ley Marzano, creada en 2003 para atajar la crisis de otro de los estandartes del tejido empresarial italiano, Parmalat, y solo aplicable en graves casos de falta de liquidez en empresas con más de 500 empleados.

El ministro de Infraestructuras y Transportes, Graziano Delrio, dijo que la acción "está dirigida a trabajar en un plan industrial que permita a Alitalia encontrar socios capaces de invertir y sanar debilidades históricas" que no dependen solo del auge de las compañías de bajo coste.

En caso de que el nuevo plan industrial sea aceptado se procederá a su ejecución pero si por contra el Gobierno o los socios lo rechazan se emprenderá un proceso de reestructuración mediante la cesión de bienes de la aerolínea o directamente a su liquidación. Entretanto la aerolínea, con 12.000 trabajadores y una flota de 121 aviones, ha garantizado la plena operatividad de sus vuelos programados.

Actualmente Alitalia está controlada por la aerolínea emiratí Etihad (49 %) y por otra sociedad que posee el 51 % restante de las acciones y que está en manos fundamentalmente de los bancos Intesa Sanpaolo (32,01 %) y Unicredit (32,67 %), además de otras empresas.