Endesa, contraria a cerrar ya Garoña como pedía Iberdrola por su inviabilidad

Los consejeros de Endesa se opusieron a aceptar la proposición de Iberdrola, con lo que Nuclenor esperará a que el Gobierno emita el informe con las condiciones para su posible reapertura. Energía tiene que publicar ese documento antes del 8 de agosto, fecha en la que vence el plazo después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) permitiera que Garoña pueda volver a la red tras de cinco años inactiva.

Con el futuro de la instalación bloqueado tras el consejo de este miércoles, Iberdrola se plantea ahora ejercitar alguna acciones contra su propio socio en Nuclenor. La eléctrica considera que «no tiene obligación de soportar los perjuicios que conlleva esta decisión» de no instar al cierre de la planta. Y añade que «debe asegurarse que esta situación, a la que debe ponerse fin, no se prolonga en el futuro», según fuentes de la corporación.

La votación llegó apenas unas horas después de que el presidente de Endesa, Borja Prado, aclarara que su compañía tomará la decisión que corresponda con respecto a Garoña «cuando se pronuncie el Gobierno». Su respuesta a la petición de Sánchez Galán fue más allá al insinuar que no da por cerrada esta nuclear. «Nuestros negocios tienen que ser financieramente viables y ese día tomaremos la decisión», sin descartar que la instalación siga en pie.

El presidente de Endesa reconoció que «las cargas fiscales» que soportan las nucleares «son importantes». Y anticipó que negociarán con el Gobierno «para otorgar un mayor equilibrio» a esos gravámenes, que fueron incrementados a raíz de la reforma eléctrica iniciada en 2013.

Cierres «innecesarios»

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, indicó en la junta de accionistas de Endesa que anticipar «innecesariamente» el cierre de las nucleares no sólo generaría problemas de abastecimiento sino también de precios, porque el coste subiría, según sus estimaciones, en 10 euros por megavatio/hora.

El pulso entre Endesa e Iberdrola no ha dado, en este primer asalto, los frutos deseados por Sánchez Galán, quien ha venido insistiendo en la «inviabilidad» del negocio en Garoña, y casi por extensión al resto de la red mientras se mantengan los impuestos actuales.

Tampoco lo ha hecho en lo relativo a la propuesta de Iberdrola para que las sociedades que gestionan las centrales de Almaraz y Vandellós II pidan al Ejecutivo que puedan solicitar la ampliación de su vida útil en 2019 -un año antes de que cumpla el plazo establecido para 2020-, y no los próximos meses de junio y julio, cuando está previsto por ley.

El presidente de Iberdrola volvió a insistir este miércoles en su propuesta para modificar los plazos durante la presentación de resultados de la compañía. «Entiendo que tienen que redefinir el modelo energético del país», indicó. También reiteró su voluntad de que el Ejecutivo «defina una planificación energética para ver cómo se va a retribuir la generación nuclear para cubrir los costes y generar algún beneficio».

Pero su socio de Endesa prefiere esperar. Fuentes de la compañía aclaran que existen dudas jurídicas sobre la conveniencia de solicitar ese aplazamiento temporal por las repercusiones futuras en caso de que finalmente quisieran prolongar su actividad energética.