Abengoa detalla esta semana sus planes a la banca y los sindicatos

Los consejeros se verán las caras tras la declaración de preconcurso presentada el pasado 25 de noviembre en un juzgado mercantil de Sevilla, y la asunción de todo el poder ejecutivo por parte del presidente actual, José Domínguez Abascal, a raíz de la renuncia dos días después del entonces consejero delegado, Santiago Seage. El primero había sido nombrado en septiembre tras la salida forzada por la banca del principal accionista, Felipe Benjumea, quien se llevó 11,4 millones de euros como indemnización y cuya polémica gestión le ha llevado a ser denunciado ante la Audiencia Nacional por sendos delitos de administración desleal y uso de información privilegiada.

Sobre la mesa, dos temas acuciantes: conseguir 100 millones de euros para terminar el año -abonar nominas (la paga de Navidad está en el alero) y distintos servicios como luz, gas...) y a la vez lograr que participen de esta operación, entrando en el capital social si es preciso, varios fondos inversión. Así lo pidieron los bancos acreedores -incluso aunque entre los candidatos hubiera fondos de alto riesgo (hedge fund)-, agrupados en el llamado G7 (Santander, Caixabank, Bankia, Sabadell, Popular, HSBC y Société Générale), y a ello se ha aplicado la compañía en las últimas fechas.

Entre las firmas que ya han mostrado interés por entrar en Abengoa figuran la australiana Macquarie, un grupo bancario especializado en financiar infraestructuras que lleva operando en España desde hace 10 años. También aparecen los fondos Brookfield (canadiense), con experiencia en el sector de las energías renovables, y TCI (británico), primer accionista privado de AENA (7,7%) y que en octubre dio a Abengoa un préstamo de 120 millones.

Son los nombres que esta misma semana trasladarán al G7, junto a una pequeña rebaja en las necesidades de financiación que le comunicaron días atrás (450 millones de euros en un principio, incluidos los 100 con los que terminar 2015) para resistir los cuatro meses del preconcurso. Pero antes, este martes si no hay cambios, se reunirán con los sindicatos CC OO y UGT de cara a analizar las medidas a tomar, así como el efecto sobre el empleo puesto que ya han comenzado los despidos.

Primeros despidos

En sus filiales de México y Brasil de los 30.000 trabajadores que tiene Abengoa en plantilla, cerca de 24.000 están repartidos entre sus distintos negocios en el extranjero-, ya comenzaron las salidas forzosas en los últimos días. En principio, afectan fundamentalmente a contratos temporales pero también ha habido empleados fijos entre los afectados. En España los despidos comenzaron el viernes, aunque por ahora ha sido de forma escalonada para no tener que formalizar un expediente de regulación de empleo (ERE). Fuentes sindicales confirmaron estos hechos y señalaron que esperan que desde la compañía les clarifiquen en breve sus planes al respecto.

La banca tiene comprometidos 20.264 millones de euros en Abengoa, de los cuales 8.800 millones corresponden a créditos directos. Por eso se encuentra en una encrucijada: no puede dejar caer al grupo, al menos a corto plazo, pero tampoco puede comprometer muchos más fondos. De hecho, en las últimas tres semanas ha dejado de ingresar 165 millones al no poder reconvertir varios préstamos que tenía en forma de activo circulante.

Según fuentes del sector financiero, el referido G7 terminará poniendo buena parte de los 100 millones que se precisan antes del 31 de diciembre salvo que llegue la aportación de los fondos. El problema añadido son los plazos. Las entidades no quieren firmar nada hasta principios de 2016 para que no se vean afectadas sus buenas cuentas del presente ejercicio -tendrían que provisionar entre el 20% y el 25% de los nuevos riesgos financieros que asuman- y luego sufrirlo con caídas en la Bolsa.

Lo ideal sería llegar a finales de marzo con un acuerdo para evitar el concurso de acreedores, circunstancia que les obligaría a provisionar el 100% de la deuda pendiente de pago. Pero peor sería caer en la quiebra antes de ese plazo, puesto que está previsto que en el segundo trimestre de 2016 entre en vigor la nueva regulación del sector financiero que les permitirá repartir el impacto de esa carga a lo largo de tres años en vez de los 12 meses actuales.