Sepelio definitivo por Rumasa

El 'acta de defunción' definitiva del otrora conocido como 'holding' de la abeja se firmó el pasado 14 de octubre. Ese día, el último consejo de administración presidido por Félix Díez Burgos el interventor nombrado por el Estado tras la expropiación del 23 de febrero de 1983 y que desde entonces ha estado al frente de Rumasa, hasta el punto incluso de tener que retrasar su jubilación (en breve cumplirá 76 años) aprobó su liquidación.

En la caja queda un saldo de 159,8 millones de euros, fruto de las inversiones que ha venido haciendo en deuda del Estado de sus "disponibilidades de tesorería", apuntan fuentes de la Administración. Ese dinero, a priori, revertirá en el balance final del grupo fundado en 1961 bajo el nombre de Ruz Mateos Hermanos S. A., aunque su gran desarrollo tuvo lugar en los años 70-, que arrastra un resultado negativo de 2.000 millones por ejercicios anteriores. Tales pérdidas derivaron de los costes del saneamiento, la reprivatización y la absorción de las sociedades expropiadas, pero quedaron cubiertas con la cancelación y compensación de la deuda decretada a finales de 2001.

Además, hay que tener en cuenta que el Estado volvió a privatizar parte de las empresas del 'holding', aunque poco más de un tercio (250) de las cerca de 700 que llegó a acumular tenían una actividad real. El resto eran meras sociedades pantalla, con presencia de testaferros, utilizadas para el desvío de fondos y ocultación de operaciones. Entre las firmas más conocidas destacaron en su día Galerías Preciados, Loewe, la cadena hotelera Hotasa y varios bancos como el Atlántico, el de Jerez o Masaveu, además de inmuebles de todo tipo y varias bodegas. La última compañía vendida fue el Banco de Expansión Industrial en 1990.

Una larga contienda judicial

En total, la Abogacía del Estado ha afrontado más de 1.500 procedimientos directamente relacionados con Rumasa (entre conflictos administrativos y demandas judiciales), los últimos resueltos en 2014. Entre ellos destacan el recurso de amparo presentado por Ruiz Mateos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 1993 validó la actuación del Gobierno, o los 650 contenciosos generados para fijar el justiprecio derivado de tan controvertida expropiación para 220 filiales del grupo, en los que el Tribunal Supremo terminó resolviendo que no había que indemnizar ni al empresario ni al resto de socios.

Ruiz Mateos montó bajó el mismo espíritu Nueva Rumasa en 1990, que de pequeño grupo de empresas familiares pasaría en pocos años a tener cerca de un centenar de sociedades, con destacada presencia en el sector de la alimentación y las bebidas (Clesa, Dhul, Elgorriaga, Trapa, Hibramer, Garvey), además de los hoteles. Incluso llegó a ser dueño de un equipo de fútbol de Primera División: el Rayo Vallecano.

En 2009, sin embargo, recurrió a varias emisiones de pagarés en empresas del grupo para lograr financiación al cerrársele el grifo bancario y no obtener otros medios en plena crisis. Pese a las advertencias de la CNMV sobre irregularidades en esas operaciones, más de 5.000 inversores terminaron dando cerca de 300 millones. Pero en 2011 Nueva Rumasa se declaraba en quiebra y la historia se repetía. La familia Ruiz Mateos acaba imputada en la Audiencia Nacional por presunta estafa y su segundo 'holding' disuelto un año después.