La patronal pide al próximo Gobierno que rebaje nuevamente el coste del despido

Entre esas reformas se encuentra la reducción del coste por despido, definida en el documento como «un mayor acercamiento entre la indemnización por despido objetivo y la correspondiente

por terminación de contrato temporal». En el ámbito laboral también reclaman «mejorar la flexibilidad interna» con un régimen «más ágil y eficaz de modificación de las condiciones de trabajo, en el que quede definido el ámbito de variación que corresponde al empresario». Descausalizar la contratación temporal, de forma que pueda determinarse en la negociación colectiva una duración máxima de los contratos temporales sin necesidad de que el empresario tenga que alegar una causa temporal para el contrato es otra de las propuestas empresariales, asi como eliminar el límite de tres años para el contrato por obra o servicio determinado. No se quedan ahí las propuestas sobre el mercado de trabajo: Potenciar la contratación a tiempo parcial y la de los jóvenes con fórmulas más flexibles; racionalizar el número de contratos y especialmente el régimen de bonificaciones; promover la contratación indefinida «pero sin penalizar la contratación temporal justificada», están incluidas igualmente en el documento. Exigen un «Pacto por la Formación» entre interlocutores sociales y Gobierno. CEOE y Cepyme rechazan la reforma del sistema de formacion para el empleo que ha aprobado el Gobierno. Sostienen que debe darse mayor protagonismo a las empresas , «ya que son ellas las que financian el sistema por medio de cotizaciones sociales y, por tanto, han de ser quienes decidan la asignación y destino de los fondos».

Por otro lado, proponen «coordinar de manera urgente las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, así como suprimir muchos de los casi 100 impuestos autonómicos (la mayoría de carácter medioambiental) surgidos en los últimos años, que provocan distorsiones en el mercado interior y comprometen la competitividad y viabilidad de los sectores productivos». No piden sólo suprimir impuestos autonómicos, también reclaman una rebaja de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social para situarlas en valores similares al resto de los países de nuestro entorno. Y más reformas en el sistema de pensiones para que sea «viable y sostenible en el tiempo».

La unidad de mercado es otra de sus reivindicaciones recurrentes. En este documento, los empresarios insisten en que hay que profundizar en las iniciativas en materia de unidad de mercado, en clave cada vez más europea, y resaltan que la unidad de mercado y la racionalización normativa deben ser prioridades fundamentales para contribuir a crear un entorno favorable para la actividad económica. Exigen normas claras, sencillas, comprensibles y en un número reducido, eliminando distorsiones a la unidad de mercado y reduciendo las cargas administrativas injustificadas o desproporcionadas en un 30% en los próximos 4 años. Una mejora de la legislación supondrá un aumento de la competitividad, concluyen.

Asimismo, plantean un Pacto de Estado a nivel nacional en materia de política industrial para conseguir el objetivo europeo de que el peso de la industria manufacturera represente el 20% del PIB en 2020. Y que se adopten medidas para poder disponer de unos precios competitivos de la energía