Las empresas españolas se gastan millones en hacer lobby en Bruselas

"Si de verdad queremos fortalecer el entramado institucional de nuestro país tenemos que plantearnos la regulación de la actividad de los lobbies, garantizando que ésta se desarrolla con plena transparencia", demandó Marín Quemada la semana pasada en una intervención pública en Santander. "Los reguladores tienen la obligación de escuchar y convivir con el sector, pero no deberían poder hacerlo a puerta cerrada y de forma confusa. Y así como la opinión pública tiene derecho a conocer estos contactos, que deben ser vistos como algo necesario y útil, también debe saber si los líderes de opinión trabajan a instancias de parte, y de qué parte", reclamó el presidente de Competencia.

Que hay reuniones de los lobbies o de personas relevantes con los ministros o los diputados todo el mundo lo sabe, pero no existe un registro público de las reuniones ni de los temas que se tratan. Fresca está en la memoria el escándalo por la visita del imputado Rodrigo Rato al ministro de Interior cuando las investigaciones sobre el origen de su patrimonio todavía no han concluido. Y no debe ser casualidad que haya quedado otra vez fuera del calendario legislativo la Ley de Colegios Profesionales.

El regulador está obligado a intercambiar información con el sector que va a regular y a conocer los diferentes intereses y puntos de vista. El problema no es ese, sino la falta de transparencia y de igualdad de acceso de todos los ciudadanos y grupos a los representantes públicos. La opacidad es lo que permite que una legítima defensa de los intereses pueda convertirse en un tráfico de influencias. Los lobbies españoles son de los menos transparentes de Europa, según un informe de Transparencia Internacional. España está a la cola, sólo por delante de Chipre, Italia y Hungría.

A falta de datos en nuestro país, sólo podemos conocer cuáles son los lobbies más activos por el registro conjunto de la Comisión Europea y el Parlamento de la UE, donde aparecen 480 organizaciones españolas, que van desde equipos de fútbol a sindicatos, despachos de abogados y, por supuesto, empresas. Hay 71 empresas españolas que declaran haber realizado labor de lobby ante la Comisión y el Parlamento europeos y haberse gastado en esa actividad unos 14 millones de euros (las cifras son las declaradas por cada empresa sin que exista una verificación oficial de las mismas por parte de Bruselas). El gasto es muy dispar según las compañías.

Telefónica es una de las empresas que más dinero declara haber gastado en defender sus propios intereses, con dos millones de euros. El sector de la banca, inmerso en un proceso regulatorio a nivel europeo, fue de los más activos, con Santander y BBVA a la cabeza (más de 600.000 euros el primero y más de medio millón el segundo). También Caixabank gastó algo menos de 300.000 euros y el Popular, 100.000. Sabadell declara cero euros de gasto en lobby.

'Operación Púnica'

El sector energético depende igualmente de la regulación y el ejercicio de su influencia supuso para Cepsa un desembolso de 1.248.000 euros; entre 500.000 y 599.999 euros para Iberdrola; menos de 200.000 euros para Enagás y menos de 99.999 euros para Endesa. Gas Natural declara entre 25.000 y 49.999 euros de gasto.

Cooperativa Mondragón se registró también como lobby -única manera de poder mantener reuniones con miembros de la Comisión-, aunque declaró haber gastado menos de 10.000 euros en 2014. En la lista también figura Lets Gowex, la empresa española de Internet que quebró tras reconocer su consejero delegado que había falseado las cuentas; menos de 10.000 euros para influir en Bruselas dijo haber gastado.

Indra, embarcada actualmente en un plan de reestructuración y que aparece en el sumario de la 'operación Púnica', declaró en el registro de Bruselas haber dedicado entre 100.000 y 199.999 euros a ejercer labores de lobby ante las autoridades europeas.

En España no hay registro de lobbies ni las reuniones son públicas; en Cataluña está previsto que a partir del 1 de octubre se ponga en funcionamiento el registro de grupos de interés y en la Comunidad de Madrid, el registro de lobbies es uno de los compromisos de Cifuentes con Ciudadanos.