La inmobiliaria Martinsa, a un paso de liquidarse tras rechazar la banca su plan

Tanto el llamado banco malo (la Sareb) como Caixabank y Bankia, las entidades que engloban la mayor parte de los 5.600 millones de deuda financiera (el pasivo total supera los 6.300 millones), consideran que la falta de liquidez de la inmobiliaria impide cualquier otra alternativa. Y es que ninguno de los 45 bancos implicados en el proceso parece dispuesto a concederle nuevas vías de financiación.

Esa era la alternativa que presentó Martín a finales de diciembre, tras agotar el segundo año consecutivo sin poder cumplir los pagos pendientes de la deuda. Su solución principal, no obstante, pasaba por que los acreedores aceptarán una quita del 70% y que el resto les fuera sufragado a medio plazo con la venta de activos inmobiliarios.

Pero la banca desconfiaba desde un principio de un plan presentado in extremis, y sin una valoración real (a precios de mercado) del patrimonio que aún conserva Martinsa, que tacharon de «poco creíble» pues incluso mantenía el sueldo millonario de su controvertido presidente, que además iba a mantener el poder. Lo que esperan ahora del juez es que inicie un proceso de liquidación ordenada, aunque ellos ya tienen provisionada la deuda impagada.

La puntilla judicial

Martinsa, que en julio de 2008 protagonizó la hasta entonces mayor suspensión de pagos en la historia empresarial española, tiene también pendiente de abonar más de 60 millones de euros en concepto de costas por el pleito que perdió a principios de mes frente al empresario Manuel Jové. Fue su puntilla judicial, al desestimar el Tribunal Supremo en última instancia la demanda civil presentada años atrás contra aquel.

Sobre la mesa había una reclamación de 1.576 millones, como compensación por la compra que hizo en 2007 de Fadesa. Martín sostenía que Jové y otro socio suyo incluyeron en la venta de esta inmobiliaria gallega (valorada en 4.045 millones) activos inflados de precio y también de calificación urbanística dudosa. La justicia considera que, si bien no había motivo aparente para pagar un precio por encima del mercado, «no se puede achacar» a los demandados «actuación u omisión contraria a la ley».