La morosidad causa el cierre de 400.000 empresas durante la crisis

"Los plazos todavía distan de lo que marcan la legislación", ha asegurado el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete. En este sentido, ha valorado positivamente el avance realizado en el ámbito de las administraciones públicas gracias a los 42.000 millones del Plan de Pago a Proveedores y los 60.000 millones del FLA, pero ha insistido en que "hay empresas que han cobrado pero no han pagado a las compañías subcontratadas".

Cañete ha asegurado que se han dado casos en el que una empresa cobra de la administración en 30 días y no paga hasta en 300 días a las compañías subcontratada. "Esta práctica debería tener una sanción sí o sí, incluso con prisión", ha explicado. Así, la plataforma ha propuesto que en el caso de pagos que provienen de la administración pública debería haber un control de la "cadena de pago" que se hace a los subcontratistas. En este sentido, Cañete ha explicado que las empresas cotizadas se ahorran 4.000 millones en intereses de demora por el pago atrasado de 68.000 millones a los proveedores.

Tolerancia cero

Para tratar de lograr el compromiso de todos los grupos políticos, la Plataforma ha elaborado un manifiesto bajo el título Tolerancia cero a la morosidad en el que solicitan mediante diez puntos solucionar este problema. "Pedimos desde la sociedad civil a los políticos que la morosidad, que es la causa más importante de cierre de empresas y aumento del desempleo, no puede tener el beneplácito de la administración", ha asegurado Cañete.

En dicho manifiesto solicitan la aprobación e implantación de un régimen sancionador para "asegurar el cumplimiento de la normativa contra la morosidad". También la constitución de la Agencia de Control de la morosidad para "velar por el cumplimiento de los plazos máximo de pago" y del derecho del os acreedores a percibir intereses de demora, la creación del Observatorio contra la Morosidad con "funciones de seguimiento, consulta o información" sobre la situación de la morosidad.

Otra de las medidas recogidas en el documento es la inclusión de medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como puede ser la figura del mediador. Además de la introducción de mecanismos para que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratistas.