Las pymes se verán más beneficiadas por los incentivos regionales en el periodo 2014-2020

Entre las novedades destaca una mayor intensidad de ayudas en el caso de medianas y pequeñas empresas y la inclusión en el Mapa de ayudas de las Comunidades Autónomas de IIles Balears y de La Rioja.

Los incentivos regionales son las ayudas financieras que concede la Administración General del Estado a la inversión productiva para fomentar la actividad empresarial, orientando su localización hacia zonas previamente determinadas. Consisten en subvenciones a fondo perdido y tienen como objetivo paliar los desequilibrios interterritoriales.

Las nuevas directrices comunitarias en materia de ayudas regionales han supuesto la asignación a España de un mayor porcentaje de población asistida, lo que ha permitido la inclusión en el Mapa de zonas elegibles en todas las Comunidades Autónomas, incluidas Illes Balears y La Rioja que no contaban con ninguna zona protegida en el mapa 2011-2013 y que, por lo tanto, tampoco formaban parte del sistema de ayudas de incentivos regionales. Su incorporación al sistema resulta oportuna teniendo en cuenta que el indicador de renta utilizado para la elaboración del mapa de ayudas en el caso de Baleares y La Rioja era inferior al de Aragón que, sin embargo, sí forma parte del sistema de ayudas de incentivos regionales.

Sólo quedarían fuera de su ámbito de aplicación las cuatro Comunidades Autónomas más desarrolladas: Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y País Vasco que, no obstante, pueden poner en marcha sus propias líneas autonómicas de ayudas regionales en las zonas autorizadas por la Comisión Europea.

Novedades

Una de las novedades recogidas en la modificación de los Reales Decretos es la inclusión de intensidades de ayudas mayores en el caso de medianas y pequeñas empresas, ya que hasta ahora los incentivos regionales se han centrado en las grandes empresas y no contemplaban los incrementos para las pymes. Así, la propuesta del Consejo de Incentivos Regionales acordada supone alcanzar el porcentaje máximo autorizado para cada zona según el tipo de empresa: grandes, medianas y pequeñas. El techo máximo de ayuda oscila entre el 10% y el 35% para las grandes empresas, según las zonas, entre el 20% y el 45% para las medianas empresas, y entre el 30% y el 55% para las pequeñas.

De igual forma, se ha acordado un incremento de la inversión mínima exigible a los proyectos para que la línea de incentivos regionales se centre en las inversiones de mayor tamaño, mientras que las CCAA puedan atender las de menor cuantía. Se pasa así de 600.000 euros a 900.000 euros.

Por otra parte, para potenciar el carácter innovador de los proyectos se podrán subvencionar las inversiones en activos inmateriales, como los derechos de patentes, licencias o know how.

Se propone facilitar el cobro anticipado de las ayudas rebajando el importe mínimo de subvención para acceder a las liquidaciones a cuenta parciales de 5.000.000 euros a 1.000.000 euros, manteniendo la exigencia de aval.

Asimismo, se puntuarán más factores como la creación de nuevas empresas, la innovación tecnológica y se elaborará un texto refundido que se publicará en la web de la Dirección General de Fondos Comunitarios para mejorar la transparencia.

Las pymes deberán mantener las inversiones al menos tres años y las grandes empresas, cinco años. Se elimina la obligación de mantenimiento del empleo «sin solución de continuidad», para aumentar la aplicación del principio de proporcionalidad en la graduación del incumplimiento de esta obligación. En este sentido, se propone modificar el cómputo de los puestos de trabajo no mantenidos durante el periodo de dos años de modo que se tenga en cuenta la media de todo el período, con ciertas limitaciones que garanticen un mínimo en todo momento, en lugar de exigir que el empleo se mantenga sin solución de continuidad durante todo el periodo.

El acuerdo pasará a Comisión Delegada de Asuntos Económicos y, posteriormente, tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros