El Supremo ordena juzgar al presidente de Damm por fraude al fisco y blanqueo

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin embargo, estimó a principios de enero un recurso del abogado de Carceller Arce y archivó el caso en lo referentes a su persona, al estimar que su imputación fue tardía y que pudo deberse a la supuesta animadversión de uno de los implicados. Sin embargo, en una decisión conocida este lunes, el alto tribunal ha echado ahora por tierra esos argumentos y ha vuelto a dejarle a un paso del banquillo.

En concreto, Ruz les acusa de la presunta comisión de hasta 13 delitos contra Hacienda -seis en el impuesto de la renta (IRPF) y otros tantos en el de Patrimonio-, junto a otro de blanqueo de capitales. La misma imputación pesa contra José Luis Serrano, hombre de confianza de la familia, y el abogado Gabriel Ignacio Petrus, su asesor fiscal.

Según la cuantificación hecha por la Agencia Tributaria, que el instructor del caso hace suya, el fraude fiscal cometido por Carceller Coll -al que habrían coadyuvado su hijo y los otros dos acusados- asciende a un total de 102,8 millones de euros (incluidos intereses de demora). Por ello, además de las penas de prisión preceptivas -48 años y medio para el principal imputado, otros 14 años para su primogénito como "cooperador necesario", 19 años para Serrano y 42 años para Petrus como supuesto cerebro de la ocultación-, la Fiscalía Anticorrupción reclama para ellos multas que superan en conjunto los 792 millones de euros.

Fianzas multimillonarias

Precisamente para hacer frente a su cuantiosa responsabilidad civil por este caso, el juez les impuso una fianza de más de 1.437 millones de euros: 511,19 millones para Carceller Coll, 402,86 millones para Petrus, 269,52 millones para Serrano y otros 253,65 millones para Carceller Arce. Dichas sumas son de las más elevadas que se han impuesto en la justicia española, superadas sólo por las impuestas en el llamado 'caso de los ERE' y en la denominada 'operación Malaya'. En el probable caso de que no pudieran hacerlas frente, se procedería al embargo de sus bienes en cuantía suficiente.

Para Ruz, hay indicios objetivos de "la existencia de una trama defraudatoria" al fisco que se habría prolongado casi una década, a través de la ocultación del domicilio real de Carceller Coll. Este, según las tesis de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que el juez hace suyas, creó con varios colaboradores una estructura fiduciaria -radicada en su mayoría en paraísos fiscales- para hacer ver que su residencia estaba en el extranjero, y de esta forma "ocultar sus rentas y patrimonio real".