Pescanova cerró 2013 con un agujero patrimonial de 2.237 millones y pérdidas de otros 719

Es el balance de las cuentas anuales que presentó este martes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la administración concursal que ejerce la firma Deloitte, y que tras ser relevada de sus funciones por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra permanecerá ligada a su supervisión como miembro de un comité especial de vigilancia del que formarán parte también tanto los principales acreedores como los accionistas actuales -la principal es Carolina Masaveu, del conocido grupo industrial asturiano, con el 7,1% del capital-.

El pasado año, no obstante, las pérdidas del grupo se redujeron de 790 a 719 millones gracias al ahorro de costes, si bien triplicaron con creces a las registradas hace dos años en unas cuentas de entonces que siguen bajo sospecha y están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. Respecto a las ventas, estas sí que fueron claramente peores que en 2012, al caer un 21% hasta los 1.063 millones. No obstante, hay que considerar que 2013 fue un año muy movido para Pescanova, que entró en concurso el 25 de abril ante su situación de insolvencia técnica y que Fernández de Sousa junto a sus principales colaboradores fueron imputados después por presunto fraude en sus cuentas.

Ya en el pasivo, la compañía adeudaba 2.641 millones a corto plazo a la banca y otros 212 millones tanto a otros acreedores comerciales como a la Administración. A largo, se sumarían 330 millones más al montante total. La firma auditora BDO, acusada de hacer la 'vista gorda' con las presuntas irregularidades de Fernández de Sousa, ha incluido una salvedad en su informe para destacar la dificultad que ha tenido a la hora de avalar las cuentas de ejercicios anteriores. Por ello, señala, ha optado por hacer "juicios de valor" sobre las mismas.

Nuevo consejo

El jueves pasado se produjo la salida del hasta entonces presidente del grupo, Juan Manuel Urgoiti, quien llevaba ocho meses en el cargo. Se marcha llegó tras haberlo hecho también los otrora máximos accionistas que le auparon al cargo, el grupo Damm que controla la familia Carceller y el fondo Luxempart, de quienes ya no se fiaban los bancos acreedores al haber roto su pacto previo.

El consejo de Pescanova -cuya prioridad es ahora "la reestructuración de la mayor parte de las filiales españolas" del grupo- queda, de momento, con tan sólo cuatro miembros: Cesar Mata, responsable de la asesoría jurídica y que actuará como secretario; el fondo Iberfomento, que demandó a los antiguos socios por estafa y otros delitos; Yago Méndez, hijo del ex director general de Caixa Galicia y que también estuvo en la polémica etapa de Fernández de Sousa; y Alejandro Legarda, también consejero de Viscofán.

El nuevo presidente de la multinacional, no obstante, no será a priori uno de ellos. Según los últimos movimientos de los bancos citados, ese cargo recaería en Jacobo González Robatto, quien en la actualidad preside el consejo asesor internacional del Banco Popular tras haber sido consejero delegado de Barclays. Para ello, no obstante, debería entrar antes en el consejo de administración de Pescanova. Junto a él podría estar como consejero delegado Senén Touza, de la firma Deloitte y que durante el último año ha estado actuando como administrador concursal del grupo.

Pescanova, cuya junta de accionistas se prevé para junio, ha visto reducida a 1.000 millones su deuda con la banca. Esta (BBVA, Caixabank, Sabadell, Popular, Bankia y Novagalicia, junto al italiano UBI), a cambio, pasa a ser el accionista mayoritario. Además, tiene previsto hacer una inversión cercana a los 115 millones para sanear la compañía y propiciar también su recuperación comercial, aunque no se espera que retorne a la senda de los beneficios hasta 2017. De hecho, la empresa funciona a día de hoy gracias en buena medida a un crédito de 56 millones, concedido por la Xunta de Galicia y media docena de bancos acreedores en junio de 2013, y parte del cual tuvo que ser renovado hace pocas semanas.