Relevo presidencial en la nueva Pescanova controlada por la banca

Tras su salida, el consejo de administración de la empresa queda con tan sólo cuatro miembros. Y eso que uno de ellos, César Mata, también fue nombrado este jueves en sustitución de otro dimitido a principios de año. Le acompañan el representante del fondo Iberfomento que demandó a los antiguos socios por estafa y otros presuntos delitos, Yago Méndez hijo del ex director general de Caixa Galicia y que también estuvo en la polémica etapa del anterior presidente Manuel Fernández de Sousa, imputado en la Audiencia Nacional por su gestión irregular y Alejandro Legarda, también consejero de la compañía Viscofán.

Ninguno será, sin embargo, el nuevo hombre fuerte de Pescanova, aunque sí darán luz verde al convenio de acreedores que no ha recibido alegaciones en contra (ni en su caso ni en el de su filial Pescafina), lo que permitirá agilizar su salida del proceso concursal antes de convocar la preceptiva junta de accionistas prevista para junio. La banca acreedora pretende colocar al frente de la empresa, que quedará con una deuda reconocida de 1.000 millones de euros tras aplicar una quita del 70% respecto al pasivo anterior, cuantificado en más de 4.200 millones de euros, a Jacobo González Robatto, quien para ello deberá ser nombrado antes consejero.

En la actualidad, preside el consejo asesor internacional del Banco Popular tras haber sido consejero delegado de Barclays. Junto a él podría ser nombrado para desempeñar precisamente esas mismas funciones las de número dos en el organigrama- uno de los dos actuales administradores concursales, Senen Touza, de la consultora y auditora Deloitte.

Inversiones y créditos

La banca acreedora tiene previsto hacer una inversión cercana a los 115 millones para sanear la compañía y propiciar también su recuperación comercial, aunque no se espera que Pescanova retorne a la senda de los beneficios hasta 2017. De hecho, la empresa funciona a día de hoy gracias en buena medida a un crédito de 56 millones, concedido por la Xunta de Galicia y media docena de bancos acreedores en junio de 2013, y parte del cual tuvo que ser renovado hace pocas semanas.

Por su parte, los accionistas minoritarios temen que la compañía llegue finalmente a liquidarse sin haberse resuelto el procedimiento penal abierto contra sus gestores anteriores, encabezados por el citado Fernández de Sousa. Por eso, la Plataforma de Afectados de Pescanova ha pedido a la Audiencia Nacional que paralice el proceso mercantil en vez de dejar que se cierre, para ellos, en falso-, así como fije una fianza «suficiente» a los principales imputados para hacer frente a sus posibles responsabilidades por el presunto fraude. El juez instructor del caso ya les impuso en septiembre, por ese mismo concepto, una cuantía de 1.200 millones de euros.