Las empresas pelean por atender a una demanda cada vez más comprometida

La situación es alarmante. Por primera vez en 20 años y como consecuencia de la pandemia, el Banco Mundial prevé que en 2021 la pobreza extrema en el mundo aumente en 150 millones de personas. «Nos encontramos ante una crisis que golpea especialmente a los más vulnerables y resulta imprescindible que las empresas lideren el camino hacia una economía con oportunidades para todos», explican desde Codespa, quienes han creado el Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo, que une a empresas como BBVA, La Caixa o KPMG. En su informe aseguran que el sector privado tiene una gran oportunidad para redefinir el propósito de sus organizaciones en una búsqueda más decidida de valor social y económico para todos sus grupos de interés –empleados, proveedores, clientes, comunidades donde opera y accionistas–, y para crecer aportando valor a toda la sociedad.

Pero, ¿qué es el crecimiento inclusivo? Es aquel crecimiento empresarial cuyos beneficios se distribuyen por toda la sociedad, en busca de una prosperidad más amplia y para todos, que no deje a nadie atrás, señalan. Los datos confirman que el 70% de los directivos se siente más conectado con el propósito social tras la crisis sanitaria. Mónica Gil-Casares, directora de investigación de Codespa, explica a este periódico que con la crisis lo social se ha situado en el centro de muchas empresas. «Cada vez son más las que están interesadas en conocer cómo generar un impacto social positivo con su actividad», pero reconoce que aún solo un 20% de las del Ibex-35 fija compromisos «concretos y cuantificables» y solo un 3% de ellas incluye en su memoria acciones de formación en ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030).

Y es que la pobreza sigue siendo uno de los mayores problemas de la humanidad, al igual que la desigualdad: el 1% de la población más rica del mundo dispone de la mitad de la riqueza global, mientras que el 56% de la población se reparte un 1,8%.

En España la desigualdad es alarmante. Según el indicador europeo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE), el porcentaje de españoles que vive en hogares cuya renta total anual está por debajo del umbral de pobreza –menos de 18.909 euros al año en casas con dos adultos y dos niños– es del 26%, lo que se traduce en 12,3 millones de personas.

El informe se pregunta si «las empresas pueden realmente hacer algo por revertir la situación». Jordi Canals, profesor de IESE Business School, contesta que «hoy hay un resurgir de empresas que quieren ser rentables, pero con un componente social muy fuerte, que dan trabajo a personas con discapacidad y de alta vulnerabilidad social, que crean puestos de trabajo sostenibles para personas así».

Por su parte, la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, destaca que «es importante integrar en el trabajo a personas de baja empleabilidad» y que «las empresas que lo hagan tienen que ser premiadas o motivadas de alguna manera, porque el rendimiento de muchas de esas personas que contratan, en un primer momento, puede ser menor».

Y a nivel de compromiso de los consumidores, las cifras revelan la importancia que se le está dando últimamente: la venta de productos de comercio justo se han disparado un 354% desde 2014 en España. Y aunque la tendencia de consumo de estos productos se mantiene alcista desde entonces, es a partir de 2018 cuando realmente se dispara, creciendo un 202% en solo dos años. «Nos encontramos en un momento muy relevante para producir un cambio de modelo empresarial, estamos redibujando el papel de la empresa en nuestra sociedad y somos más conscientes que nunca de la necesidad que tenemos de generar buenas compañías para construir una buena sociedad», señala el presidente de Fairtrade Ibérica, Roberto Ballester.

Para gran parte de los economistas –por no hablar de los sociólogos y politólogos–, el Producto Interior Bruto (PIB) ha perdido eficaciacomo único indicador de la situación de una economía. Por ello crece el debate sobre la necesidad de encontrar otras formas de medición de la salud económica de una sociedad que no solo mida lo económico.

El índice de Prosperidad Inclusiva elaborado por la consultora D&L Partners, revela que la clasificación de las ciudades con más riqueza tiene poco que ver con la de mayor bienestar para sus habitantes. La OCDE ha desarrollado un índice de indicadores del bienestar, en el que España está por encima de la media en el equilibrio entre la vida profesional y la privada, vivienda, salud, sentido de comunidad y seguridad personal; pero por debajo en compromiso cívico, calidad medioambiental, educación y competencias y empleo y remuneración.

Otra de las principales críticas que se hace al PIB como indicador económico es que deja fuera el trabajo doméstico –pues no es intercambiable en el mercado–, lo que a su vez condiciona la medición de la participación de las mujeres en el tejido económico.