La ecotasa de Francia al transporte aéreo condiciona a la UE

Los ministros de Economía y Finanzas de sus Estados miembros -el denominado Ecofin- hablaron este sábado del asunto en Helsinki, pero sin apenas avances más allá de «compartir el punto de vista de la Comisión». Según el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis, todos coinciden en que la fiscalidad de la energía debe tener «un papel importante a la hora de lograr los objetivos climáticos medioambientales de la Unión».

A partir de aquí vienen las melodías particulares, al no haber una sintonía común sobre la ecotasa a las aerolíneas. En febrero Holanda propuso gravar las emisiones de carbono de los aviones «a nivel de la UE», lo que significaría penalizar a las aeronaves más viejas aunque también las de mayor tamaño y que recorran más kilómetros. Entre las posibles opciones estaría poner un nuevo impuesto sobre los billetes de avión o bien por vuelo, hacerlo sobre el consumo de queroseno o incluso actuar en el sistema de comercio de emisiones, en el que no solo está el transporte aéreo.

Francia, al igual que ha hecho con la 'tasa Google' –aunque al final negoció con Estados Unidos compensar a las empresas afectadas si un futuro tributo europeo sobre el mercado digital resulta inferior–, quiere adelantarse al resto de países de la UE. Y si no aplaza o cambia sus planes, desde el 1 de enero de 2020 impondrá una ecotasa de entre 1,5 y 18 euros por avión a todos los vuelos que despeguen desde sus aeropuertos. Los cálculos del Gobierno de Emmanuel Macron apuntan a una recaudación anual de 180 millones de euros, y esgrimen su ejemplo como estandarte medioambiental ante el resto de socios comunitarios.

Pero el problema es mayor. Europa es un gran mercado turístico, tanto emisor como receptor, y un potente operador comercial, de modo que precisa que la aviación comercial no eleve sus precios. Y ésta, reivindican sus grandes patronales, no llega a suponer el 3% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Desde España, las asociaciones ACETA y ALA afirman que la eficacia de esa clase de medidas impositivas es «incierta», y piden que no haya «decisiones aisladas de un país».

En este sentido, la ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo tras la cita del Ecofin que el Gobierno no tiene como «primera opción» gravar el uso de queroseno por las aerolíneas por la importancia del sector turístico para el país y el carácter periférico de éste respecto a la UE y la importancia que da a los dos archipiélagos, Baleares y Canarias.

Los expertos tampoco lo ven claro. Cándido Pérez, responsable de Infraestructuras en KPMG, cree que «penalizará la competitividadde las aerolíneas» e incluso, por el efecto alcista sobre precios, «puede suponer una caída de la demanda». Romá Andreu, profesor de la escuela de negocios EAE, no niega ese impacto negativo pero ve «del todo insuficientes» los objetivos de reducción de emisiones de la industria aérea.