Las dudas de Bruselas sobre el proyecto ibérico para el gas dilatan la negociación

Las dudas del Ejecutivo comunitario residen en la forma en la que España y Portugal financiarán la bajada del precio de la luz. La idea es topar el precio del gas empleado en las centrales de ciclo combinado para la generación de electricidad, de modo que la energía resultante sea más barata.

Fuentes del Gobierno indicaron que esa bajada del precio del gas -que España quería limitar a 30 euros el megavatio hora (MWH)- no estaría financiada a través de ayudas del Estado, sino que la diferencia de precio se repartiría entre toda la demanda del sistema mayorista, mediante un mecanismo similar al de los 'beneficios caídos del cielo'.

Bruselas, con todo, pide una mayor claridad para saber cómo se organiza este sistema y se mantiene en contacto constante con los gobiernos de España y Portugal para limar la propuesta final.

La fórmula para evitar que el precio reducido de la energía llegue también a Francia es otro de los puntos que aún quedan por pulir del documento. A pesar de que aún se desconocen los detalles del texto presentado por España y Portugal, se sabe que ambos plantearon un sistema basado en dos subastas para fijar tarifas diferentes a cada lado de la frontera: uno más bajo en la península ibérica; y otro, sin intervenir y más alto en el país galo. La Comisión Europea teme que este sistema provoque una ruptura en el mercado energético europeo.

El calendario planteado por España contaba con recibir el visto bueno del Ejecutivo comunitario en dos o tres semanas para después enviar el texto al Consejo de Ministros. A pesar de contar con el aval político de la UE, el Gobierno español tenía claro que conseguir la luz verde de Bruselas iba a ser complicado.

La 'excepción ibérica' es un mecanismo sin precedentes y de difícil encaje en el mercado europeo. El gran peso de las renovables y el bajo índice de interconexión con el resto de Europa de la península -es una isla energética- acabaron por convencer a la UE para implantar estas medidas «de carácter excepcional y temporal».

No todos los Estados miembro se mostraron de acuerdo. Países como Holanda y Alemania rechazaron la propuesta asegurando que provocaría distorsiones en el mercado. Con el precio del gas impulsando al alza la factura eléctrica -primero durante la pandemia y después debido a la guerra en Ucrania-, la alta inflación y las huelgas de transportistas y pescadores, Sánchez necesitaba lograr un acuerdo europeo.

Finalmente consiguió el aval político de los líderes europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue más allá al apuntar que su equipo revisaría «urgentemente» la propuesta española y portuguesa, ya que los dos países merecían «un tratamiento especial» para hacer frente al elevado coste de la energía. Uno de los principios indispensables de Bruselas es que este mecanismo se pueda autofinanciar, sin cargo a presupuestos ni deuda pública.

Esta fórmula era el 'plan B' de España, al no conseguir los apoyos necesarios para impulsar el desacople del precio del gas del de la electricidad, propuesta que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya planteó en octubre de 2021. Sánchez también intentó convencer, sin éxito, a dirigentes europeos con una gira continental.