Las diez claves de los últimos Presupuestos de la legislatura

Finalmente, el Gobierno ha decidido elevar las pensiones tal y como determina la actual ley: en función del IPC medio de noviembre de 2021 a noviembre de 2022. De esta forma, la revalorización será del 8,5% a partir de enero, lo que supondrá un incremento medio de 107 euros al mes para los jubilados. Se elevará su prestación hasta los 1.365 euros, 1.500 euros más al año. Mientras que los casi 1,6 millones de ciudadanos que reciben una pensión por viudedad, de 780,6 euros de media, ganarían unos 66,3 euros más al mes. Esta medida supondrá que el gasto que realice la Seguridad Social superará por primera vez los 200.000 millones, de los cuales prácticamente todo, 190.687 millones, se destinarán a pagar las prestaciones sociales, un 11,4% más que un año atrás. Por primera vez más de un 40% de todo el presupuesto va a las pensiones.

A partir del 1 de enero se incrementan también las bases máximas de cotización que fijan los Presupuestos, en línea con el alza de las pensiones. Además, para equilibrar este desequilibrio entre ingresos y gastos, el Gobierno se ha visto abocado también a casi duplicar el crédito que le hace al sistema: 10.004 millones de euros el próximo año, un 43,3% más que los 6.982 millones que le prestó en 2022. Además, los presupuestos contemplan llenar la hucha de las pensiones con casi 3.000 millones procedentes de la cotización adicional del 0,6% que establece el nuevo mecanismo de equidad generacional y que afectará a todos los trabajadores en sus nóminas desde enero.

El Ejecutivo ha decidido mantener la gratuidad del transporte en trenes de Cercanías y Media Distancia para pasajeros recurrentes durante el año 2023, extendiendo así una medida que inicialmente iba a terminar el 31 de diciembre de este año. Los Presupuestos incluirán una partida de 700 millones de euros para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, lo que supondrá un incremento del 41,2% respecto al año pasado, la mayor parte destinada a esta medida, que concentrará cerca de 700 millones de euros.

Las cuentas públicas incluyen una subida de sueldos para los trabajadores públicos. En concreto, se aprueba un incremento de sus retribuciones del 2,5%. Además, esta subida se podrá incrementar hasta el 3,5% en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal. Para este mismo ejercicio que está a punto de concluir, los Presupuestos Generales del Estado fijaron una subida del 2% de los sueldos públicos para los funcionarios y para los altos cargos del Gobierno. Pero Hacienda ha acordado con los sindicatos un aumento adicional de un 1,5% con carácter retroactivo. Es decir, aplicable desde el 1 de enero de este año.

Finalmente, el Ministerio de Defensa comienza la senda de crecimiento en el ejercicio presupuestario de 2023 para cumplir con el compromiso adquirido por el Gobierno en la pasada cumbre de la OTAN de Madrid en junio: llegar al 2% del PIB en gasto militar en 2029. El departamento que dirige Margarita Robles recibirá 12.306 millones de las arcas públicas, con un alza del 26% respecto a 2022-cuando se situaron en 10.155 millones-, lo que representa el 2,7% de los presupuestos generales del Estado. Este importante crecimiento se debe, de manera fundamental, a la inclusión en el montante total del gasto de los Programas Especiales de Modernización (antes denominados de Armamento), que pasan de 2.800 millones a 4.900 en un solo año, un 72% más. Sin ellos, las cuentas de Defensa aumentarían un 8,4% hasta alcanzar algo más de 7.900 millones, en línea con otros años.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) supone un impulso de 25.156 millones de euros a las cuentas públicas para el año 2023. Durante el próximo ejercicio, los fondos europeos maximizarán el papel «anticíclico» con que fueron diseñados en Bruselas, es decir, con el fin de dar sostén a la economía, primero, cuando se aprobaron, ante la severa crisis provocada por la pandemia, y ahora, ante una desaceleración del crecimiento ocasionada por la crisis energética y la invasión rusa de Ucrania.De hecho, se espera que el Plan de Recuperación explique 2,8 puntos del PIB español el próximo año 2023, desde los 1,9 puntos que se prevé que represente este ejercicio 2022. De media, según los cálculos del Gobierno, los fondos europeos supondrán una aportación de 2,6 puntos del PIB entre 2021 y 2031.

El Impuesto de la Renta sufre algunas modificaciones a partir de enero. Por ejemplo, se aplicará una reducción por rendimientos del trabajo entre los contribuyentes que ingresen entre 18.000 y 21.000 euros. De forma indirecta, a quienes tengan rentas de 21.000 a 35.000 euros también verán reducida su retención a cuenta en sus nóminas. Por otra parte, a las rentas superiores a 200.000 euros que se integran en la base del ahorro (las procedentes de depósitos bancarios, fondos de inversión, bolsa, etc.) se les aplicará un tipo del 27%, frente al 26% actual. Además, quienes ingresen por esta vía más de 300.000 euros, el gravamen sube dos puntos, del 26% al 28%. Esta medida afectará, según Hacienda, a unos 17.814 contribuyentes. Por otra parte, se eleva el límite al partir del cual hay que declarar el IRPF hasta los 15.000 euros (hasta ahora eran 14.000 euros) anuales para contribuyentes que reciban rendimientos del trabajo de más de un pagador.

Según la hoja de ruta acordada, seis de cada diez euros del total presupuestado se destinarán a gasto social (266.719 millones de euros), con especial atención en educación, vivienda, dependencia y atención primaria. A todo ello habrá que sumar otras medidas anunciadas como el incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la prórroga de la bonificación en el transporte público, así como la ayuda de los 250 euros al alquiler para jóvenes.

Aunque no se encuentra incluidos en el proyecto de cuentas públicas, a partir de enero se pondrán en marcha los dos nuevos impuestos propuestos por el Gobierno para hacer frente al gasto extraordinario por la inflación. Por una parte, el impuesto a las grandes fortunas gravará a aquellos patrimonios superiores a tres millones de euros para que no puedan quedar eximidos por las bonificaciones de los gobiernos regionales. Es decir, lo que el Impuesto de Patrimonio bonifique en una comunidad, se gravará por esta nueva figura fisca, cuyo gravamen será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros. Por otra parte, en el caso del impuesto extraordinario a la banca, se les aplica un gravamen del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones que estas obtengan en 2023 y 2024. Hacienda estima que recaudará unos 1.500 millones al año. A las energéticas se les aplicará un tipo del 1,2% sobre el importe neto de la cifra de negocios, con una expectativa de recaudación de 2.000 millones de euros anuales en el mismo periodo.

La situación de las cuentas públicas es hasta tal punto mejor de la esperada por Hacienda antes de que comience 2023 que el departamento dirigido por María Jesús Montero asegura contar con la suficiente «holgura y margen» para hacer frente a la guerra y la inflación. En concreto, tienen en mente unos 10.000 millones de euros de margen. El Gobierno no espera que estos riesgos desaparezcan en el corto plazo. Todo lo contrario. Asume que el conflicto se extenderá hasta bien entrado el próximo año, por lo que así tendrán que hacerlo también las medidas de su plan anticrisis que vencen el 31 de diciembre. El Ejecutivo no contempla en los nuevos Presupuestos ninguna de ellas, salvo la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia. Pero fuentes gubernamentales confirman que el nuevo plan incluirá más ayudas para hacer frente a la compra de alimentos a cambio de recortar la bonificación generalizada al combustible, restringiéndola a grupos profesionales, como los transportistas.