Más paro y menos salario, la herencia de Lehman Brothers diez años después de su quiebra

Otras consecuencias de la asfixia del crédito a empresas y familias, y el parón económico que siguió a la debacle de Lehman Brothers ligada a las hipotecas basura estadounidenses se reflejan en el alto endeudamiento del Estado español, en los miles de desahucios ejecutados y en la concentración de la riqueza.

España afrontaba los primeros coletazos de la crisis con una de las tasas de paro más bajas de la historia: en el segundo trimestre de 2007, según la EPA, se situaba en el 7,93 % de la población activa (hay que remontarse a 1978 para ver un nivel similar) y el número de desempleados a 1,77 millones. El PIB crecía al 3,8 % interanual.

Cuando comenzó la brusca caída de la actividad en el tercer trimestre de 2008 el paro ya había empezado a crecer y se situaba en el 11,23 %, con 2,6 millones de desempleados.

Al comienzo de 2013 ascendía al 26,94 % de la población activa y había 6,28 millones de parados. Hacía un año que se había aprobado la reforma laboral de Mariano Rajoy, que abarataba los despidos, elevaba la temporalidad del empleo y reducía los sueldos.

La crisis aún se sentía a finales de junio pasado (3,49 millones de parados) y los salarios eran casi un 3 % inferiores a los existentes tras la quiebra de Lehman (al fin de 2008 el coste salarial era de 1.897,24 euros brutos de media por trabajador y mes y en el primer trimestre de 2018 era de 1.844,24 euros).

El PIB entraba en niveles negativos en el tercer trimestre de 2008, según el INE, y esta tendencia se prolongaba durante todo el año siguiente, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero empezó a aplicar «el plan E», lo que ayudó a la ligera recuperación de la economía durante 2010.

Desde 2011 hasta el último trimestre de 2013, el PIB español continuó cayendo y no sería hasta 2016 en que recuperó el nivel perdido ocho años atrás al alcanzar un valor de 1,118 billones de euros.

La crisis empieza a enderezarse en el verano de 2012 cuando el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dice que «está preparado para hacer todo lo que sea necesario para preservar el euro y créanme, esto será suficiente».

Respondía así y con un plan de estímulos monetarios a la crisis de la deuda (en diez años, desde finales de 2008 hasta julio pasado la deuda en circulación del Estado ha pasado de 345.115 a 988.141 millones), que estaba a punto de romper la Unión Monetaria y que elevaba unos meses antes la prima de riesgo española hasta 475 puntos y el rendimiento de los bonos a diez años al 6,5 %.

Los mercados tampoco se han recuperado todavía. Por el verano de 2012, la Bolsa se situaba en cotas de 2003 al bajar de 6.000 puntos, aunque se habían producido intentos de recuperar los precios previos (11.400 puntos) a la catástrofe desencadenada por Lehman. La Bolsa está hoy en 9.300 puntos.

En esos años se salvaba a la banca (destacaba la nacionalización de Bankia después de inyectar el Estado más de 22.000 millones) y recientemente se daban por perdidos 61.000 millones de las ayudas utilizadas para el rescate de un sector que no iba a costar ni un euro. Mientras se metía a los banqueros en la cárcel, parte de los activos inmobiliarios de la banca se traspasaban a una sociedad pública, Sareb.

La banca española vivía una profunda transformación, con una nueva regulación más exigente en capital de mayor calidad, y empezaba a enfrentarse a nuevos competidores del sector tecnológico.

Se acometían fusiones o absorciones (la mayoría de las 45 cajas de ahorro existentes se concentraban y se transformaban en bancos), y se reducía el número de entidades que operan en España (de 363 en el tercer trimestre de 2018 a 244 en el primer trimestre de este año, el 33 % menos, según datos del Banco de España).

También disminuyeron las oficinas (han pasado de 46.118 al cierre del tercer trimestre de 2008 a 27.088 en marzo de este año, el 41 % menos) y los empleados del sector (desde 278.301 al cierre de 2008 a 192.626 al finalizar 2017, una caída de más del 30 %) y se hacía patente el fenómeno de la exclusión financiera.

Mientras se producían más de 700.000 desahucios en esta década, el número de personas superricas, que declaran a Hacienda patrimonios de más de 30 millones, creció el 150 % entre 2007 y 2016, hasta 579, según los datos más recientes de la Agencia Tributaria.