El Gobierno aprobará la reducción de la jornada por la vía de urgencia el 4 de febrero

El entendimiento entre ambas carteras llegó este lunes en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), el órgano en el que se discuten los temas antes de llegar al cónclave ministerial. El texto se aprobará esta semana en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (CGESYS), según fuentes del Ministerio de Trabajo, para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros.

Fue el propio Cuerpo el que avanzó que la reducción de la jornada llegaría al Consejo de Ministros la semana que viene, sin pronunciarse sobre la urgencia de la medida, aunque sí expresó su deseo de aplicarla «lo antes posible».

Economía, que hasta ahora había abogado por el trámite ordinario con el fin de acercar posturas con la patronal y que el texto concite una mayoría parlamentaria suficiente para que pueda ser aprobada en el Congreso, ya se comprometió el 15 de enero a incluir la reducción de la jornada laboral en la reunión de este lunes.

Este lunes, además, se plegó a la petición de Sumar de que el proceso discurra por la vía de urgencia, la única forma -aducen los de Díaz- de que la norma pueda avanzar hacia su tramitación parlamentaria en las Cortes y entrar en vigor antes de que acabe el año, tal y como se recoge en el pacto de Gobierno de la coalición.

Fuentes de Economía reiteran el «compromiso y voluntad» de todo el Gobierno para que se adopte la reducción y aceptan que se apruebe el texto acordado entre sindicatos y Trabajo. «Al igual que en otras ocasiones, como se hizo en el acuerdo en materia de pensiones», inciden.

No obstante, desde el equipo de Cuerpo subrayan que en la tramitación parlamentaria «el texto podrá someterse a modificaciones» para incluir las aportaciones de los grupos parlamentarios y tener en cuenta la realidad parlamentaria y, especialmente, de las pymes.

La vicepresidenta y también líder de Sumar se ha mantenido firme en su decisión de que la medida estrella de la legislatura, de la que se siente bandera, se aplique este año. Díaz defendió este lunes que lograr que la medida se lleve al Consejo de Ministros serviría para dar «energía» y «alma» al Gobierno de España. Más aún tras el último varapalo del Ejecutivo tras el rechazo del decreto ómnibus en la Cámara baja.

Con este acuerdo, Díaz no sólo se anota una victoria política entre sus filas frente al ala socialista del Ejecutivo, sino también contra la patronal. La elaboración de la norma, más allá de las desavenencias en el seno del Gobierno, también provocó una fractura dentro de la mesa de diálogo social. La vicepresidenta segunda cargó este lunes duramente contra la CEOE durante su intervención en un desayuno informativo de Europa Press.

Después de que los de Garamendi pusiesen en duda la constitucionalidad de la norma, la titular de Trabajo -tras recordar que el Tribunal Supremo ya resolvió en 1990 esta cuestión- deslizó que el posicionamiento de la organización responde a una «estrategia política» e instó a la patronal a regresar al «lugar correcto». El propio Garamendi no rehuyó el choque y acusó a Trabajo de invadir competencias del dialogo social con sus acciones.