La dieta autonómica fulmina 8.500 entes y reduce un 73% su deuda desde la burbuja

El proceso de adelgazamiento ha tenido un efecto directo en las cuentas públicas de las 17 comunidades autónomas. Esa deuda acumulada hasta el tercer trimestre del año pasado ascendía a 4.837 millones de euros. Supone un 73% menos que la contabilizada en 2010, el año en el que más compromisos financieros tenían las administraciones a través de estos negocios. Desde entonces, el proceso de reducción acometido en el sector público regional ha conseguido amortizar más de 13.300 millones de euros.

Los registros del Banco de España diferencian estas cifras entre dos tipos de empresas públicas y, por tanto, dos tipos de deuda. Por una parte, la de las compañías directamente ligadas a la propia Administración, y cuyo endeudamiento se incluye dentro de la metodología del protocolo de déficit excesivo que re envía a la Comisión Europea seis veces al año. Se trata de corporaciones autonómicas que no venden sus productos o servicios al mercado, o si no subsisten en el mercado con esa actividad, sino que se consideran como parte de la Administración Pública; y si al menos el 50% de su financiación procede de los Presupuestos correspondientes. El conjunto de estas sociedades acumula una deuda de 2.023 millones de euros, frente a los más de 8.236 que debían en el año 2011.

Junto a esas estructuras, se encuentran las empresas -también públicas- que la legislación considera más vinculadas al propio funcionamiento del mercado y, por tanto, no son tan dependientes de las decisiones económicas de los respectivos gobiernos regionales. En este caso, acumulan una deuda mayor que las estrictamente públicas, con unos compromisos de 2.814 millones. Aunque en este caso, la reducción del endeudamiento ha sido aún mayor al acumular más de 11.300 millones hace más de una década.

Si se comparan estos datos con los de los ayuntamientos, el proceso de ajuste ha sido mucho más efectivo en las comunidades que en las corporaciones locales. Hasta el tercer trimestre del año pasado, las empresas de los consistorios (no vinculadas a ellos financieramente hablando) tenían una deuda de 3.319 millones, cifra superior a la de los entes regionales. En cualquier caso, los municipios también han reducido en más de un 60% los compromisos bancarios que tenían sus sociedades y negocios públicos desde hace una década.

Antonio Pedraza sostiene que, a pesar de la dureza de los datos, que incluso ha podido llevarse por delante puestos de trabajo, «las compañías públicas que se están quedando ahora en pie son las necesarias para que las instituciones públicas realicen sus actividades». Se refiere, por ejemplo, a las que tienen que ver con la gestión del agua, los transportes o los cementerios, por poner solo algunos de los centenares de ejemplos de empresas que tienen las comunidades y ayuntamientos en su seno interno.

Dos leyes han sido las precursoras de este proceso. La primera, de saneamiento contable, aprobada en 2009; y la otra, de 2013, sobre racionalización de las Administraciones Públicas. «Se ha actuado sobre empresas en pérdidas, las que estaban duplicadas o las que, por ejemplo, tenían unos objetivos corporativos que no tienen marcados los propios entes públicos a los que pertenecen», explica Pedraza. El aeropuerto de Ciudad Real, impulsado por la comunidad, fue exponente de este tipo de políticas económicas.

En ese mismo sentido se pronuncia Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, que sostiene que se ha ido evaluando «si todas esas organizaciones responden a la lógica empresarial para las que estaban pensadas o no». El experto indica que «con el tiempo pueden perder esa lógica porque ya no sirvan para los objetivos iniciales». Por eso, han ido desapareciendo ajustándose a lo que dictaba la ley.

Torres también apunta a que sí que hay empresas públicas que cumplen con sus objetivos y que, en muchos casos, «han ido mejorando sus ingresos y, por tanto, eso les ha permitido reducir su deuda» hasta los niveles mínimos en los que se encuentra en la actualidad frente a la etapa de la burbuja económica.

El problema que presentaban muchas de estas sociedades es que «había modelos que no funcionaban», afirma Diego Pitarch, profesor del IEB. «Al no tener que buscar resultados óptimos, como ocurre en la privada, las pública han ido desapareciendo». «También se han reconvertido ante la mala imagen» que fueron generando.

Sin embargo, no todo son contrariedades frente a la frágil reputación que han puesto sobre la mesa este tipo de estructuras autonómicas. Por una parte, por el papel vertebrador que han conseguido implantar en muchas zonas de las comunidades autonómas olvidadas por los diferentes gobiernos. «Su implantación se justificó en su momento obedeciendo a una cierta lógica que ya existe en otros países, como los nórdicos», según Raymond Torres.

Se refiere este experto así a determinadas políticas públicas, que se realizan a través de organismos autonómos dependientes de la Administración para conseguir llegar a todos los rincones con los servicios públicos, y que una empresa privada no desarrollaría por falta de rentabilidad. Sobre todo en el caso de los pequeños municipios. «Así se hace en otros lugares y aquí serviría también para la denominada 'España vacía'», explica Torres. «Se genera una responsabilización de una política frente a un objetivo público concreto con una zona», sostiene este experto de Funcas.

Además, Diego Pitarch incide en otro punto positivo que han aportado las compañías públicas, y las autonómicas en particular: la experiencia de profesionales que después han dado el salto al sector privado. «Gracias a estas empresas han salido grandes perfiles y por eso tampoco se pueden demonizar», explica este profesor del IEB quien, al mismo tiempo admite que «han generado un gasto público importante», que es el que ha provocado muchos resquemores.